El Consejo del Poder Judicial jubila por incapacidad permanente al juez Forteza
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la jubilación forzosa del magistrado Guillermo Forteza, de 32 años, por "incapacidad permanente para el ejercicio de sus fúnciones". Por su parte, la comisión disciplinaria ha ordenado depurar responsabilidades disciplinarias, penales y profesionales de los jueces de una sala y otros juristas relacionados con un caso penal.
El expediente por incapacidad del juez Forteza, que en los últimos años ordenó redadas masivas de prostitutas en Valencia y Madrid y fue condenado "por coacción y vejación injusta" a su esposa, se inició a instancias del Consejo en mayo último. El acuerdo del CGPJ, adoptado por unanimidad, ha tenido fundamentalmente en cuenta sendos informes suscritos respectivamente por dos médicos forenses y por un tribunal médico. Ambos coinciden en que Guillermo Forteza "sufre un trastorno de su personalidad que le hace incapaz para continuar desempeñando funciones judiciales".El fiscal, el instructor del expediente y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también avalan el acuerdo del Consejo. Contra esta resolución, Forteza podrá interponer recurso de reposición ante el CGPJ y, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
El portavoz del Consejo, José Luis Calvo, dio cuenta también del acuerdo de la comisión disciplinaria contra los magistrados presuntamente responsables de la paralización desde 1983 del sumario 118 bis/1982 sobre venta de libertades a reclusos, en el que se encuentran implicados guardias civiles, abogados y un funcionario de la Administración de Justicia (veáse EL PAÍS del 31 de octubre de 1989).
Falta grave
La comisión disciplinaria ha remitido la investigación realizada por el servicio de inspección a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "para que determine las posibles responsabilidades disciplinarias", como autores de falta grave, de los magistrados que formaron parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid durante la tramitación de dicho sumario. Las presuntas faltas son no exigir responsabilidades a los secretarios y funcionarios de la sección y retraso en el despacho del sumarioAsimismo, la comisión disciplinaria acordó remitir al Ministerio Fiscal el documento íntegro del servicio de inspección "para que lo valore como crea que corresponde" y ha informado a los colegios de abogados y procuradores para la depuración de la responsabilidad profesional de quienes intervinieron en el sumario, y en concreto el retraso de los letrados en calificar la causa.
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