Los ministros de Asuntos Sociales de la CE intentaron aunar posturas sobre el desarrollo de la Carta Social

El Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de la Comunidad Europea abordó ayer en Bruselas el programa de acción para el desarrollo de la Carta Social, en un intento de aunar posturas ocho días antes de la cumbre de Estrasburgo, en la que este tema será uno de los puntos fuertes del debate entre los jefes de Estado y de Gobierno. El presidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, recordó a los doce que la Eurocámara "no está satisfecha ni del contenido de la carta ni de las incertidumbres que pesan sobre el programa de acción".

El encuentro del presidente del Parlamento con el Consejo, comida incluida, fue definido como "reunión informal" para no sentar un precedente. Barón planteó la concertación para asociar al Parlamento en la aprobación de la Carta Social y recordó la resolución aprobada por abrumadora mayoría el pasado 22 de noviembre en la que se reclamó una Carta Social que incluya un salario mínimo de base y una renta social garantizada, aparte de otras protecciones que se han caído del proyecto inicial de la Comision.En la decisión de los eurodiputados se incluye además, gracias en este caso al voto en solitario de la izquierda, la amenaza de subordinar los dictámenes sobre las directivas económicas del mercado único "al ritmo de introducción de las medidas que figuran en el programa de acción".

Las reacciones no fueron alentadoras. El presidente del Consejo, el francés Jean Pierre Soisson, vino a decir que nada de lo dicho "haría cambiar una coma" de los proyectos que van a la cumbre. El ministro alemán Vogt resumió la situación afirmando que "por la Carta Social ya hemos hecho bastante, aunque por el Parlamento hagamos bien poco". Tan sólo el italiano Donat Cattin se mostró de acuerdo con el sentir de los eurodiputados.

El debate de los ministros, ya en solitario, sólo sirvió para dejar claro que las competencias de la CE en el dominio social son reducidas y que no puede inmiscuirse en lo que depende de la negociación colectiva o de los Gobiernos. El ministro español de Trabajo, Manuel Chaves, fue contundente: los temas de salarios, y en eso hay unanimidad, son competencias de los Estados miembros". Sin embargo, España, afirmó, "apoya que la Comisión pueda dar su opinión o emitir un informe, siempre en estrecha colaboración con los Estados, en este u otros temas".

El resumen de la materia social que irá a la cumbre es, pues, el siguiente: una Carta Social a aprobar como declaración solemne y un programa de acción que sólo el tiempo dirá lo que va a dar de sí.

Por lo demás, el Consejo aprobó ayer de forma definitiva, una vez emitido el dictamen del Parlamento, tres directivas sobre seguridad e higiene en el trabajo, en las que los doce habían alcanzado un acuerdo en abril, bajo presidencia española. Se refieren a las condiciones que han de tener los lugares de trabajo, a la seguridad de las maquinas y a las características de los equipos de protección individual. Su entrada en vigor se producirá en 1993, pero las tres nuevas normas obligarán a las empresas a efectuar fuertes inversiones de adaptación.