Es necesario participar

Los colegios profesionales padecen desde hace tiempo el desinterés de los colegiados en la participación en las elecciones de sus juntas de gobierno, aun cuando en los últimos momentos del franquismo, y ante la llamada "que vienen los rojos", se logró, con distintos resultados, revitalizar la participación y hacer de ellos unos pequeños cotos de ejercicio democrático, con todas las limitaciones existentes.

La transición política supone casi un giro de 180 grados en la vida de los colegios profesionales más influyentes en la sociedad, abandonándose prácticamente la participación en los mismos y utilizándolos única y exclusivamente en su esfera asistencial o en la solución de problemas entre profesionales, o entre éstos y sus clientes, a veces con marcada parcialidad. Esta ya excesivamente larga situación ha conllevado, en la práctica, dejar en manos de unos pocos señores corporaciones que, en algunos casos, detentan un poder de influencia real en la sociedad, desvertebrando más, si esto es posible, la vida asociativa de la misma.

En este estado de cosas, no cabe la menor duda de que ha existido una responsabilidad de los partidos políticos, que quizá han dejado por comodidad que la situación siguiera como estaba, ante el miedo a que estos colegios, y en concreto el colegio de abogados, se convirtiera en un posible foco desestabilizador de la democracia.

En este marco se produce el II Congreso General de la Abogacía en Palma de Mallorca, que supuso un aldabonazo y una llamada de atención, empezándose a pensar a distintos niveles que las cosas no podían seguir como estaban y que el aislamiento del colegio en el conjunto de la sociedad no debería permitirse en una sociedad democrática.

El malestar real que afloró no fue otro que la toma de conciencia de la ausencia de democracia en la forma de gobierno de los abogados, no sólo en su dirección personal sino en las gravísimas deficiencias del marco jurídico por el que nos regimos, ley de Colegios Profesionales y Estatuto General de la Abogacía.

El II Congreso desata una crisis en el Colegio de Madrid y en el Consejo General, ambos dirigidos férreamente por Antonio Pedrol, situándole por primera vez en muchos años en una situación delicada que le obliga a dimitir, y su legitimidad como decano del Colegio de Madrid y como presidente del Consejo General se ha quebrado fuera y dentro de ambas instituciones.

Conviene no olvidar que la crisis final se produce, como ha reconocido el propio Pedrol, por no querer asumir una reforma pactada con las asociaciones del llamado sector crítico del Estatuto General de la Abogacía, donde, entre otros puntos, se pedía la modificación del sistema electoral cambiando el sistema de representación mayoritario actualmente vigente por un sistema proporcional que permita la presencia de las minorías en los órganos de dirección de los colegios. De haber accedido a esta negociación, le hubiera supuesto haber terminado su mandato al frente del colegio y del consejo con un colofón brillante, al haberse erigido no sólo en lo que ha presumido ser, el pacificador de la vida colegial, sino también en el democratizador de las estructuras de gobierno y participación de los abogados.

En lugar de ese camino, ha optado por convocar elecciones desde una posición de ventaja y en la creencia de que había posibilidades reales de que el llamado sector crítico no iba a ser capaz de aglutinarse en una candidatura que además abarcara todo el espectro democrático y profesional del colegio.

Se ha conseguido esa candidatura, con problemas y con la ausencia de algunos compañeros que han entendido que no se puede participar en estas elecciones por no ser democráticas y suponer la participación una legitimación de las mismas y de Antonio Pedrol, que se garantiza de esta manera el triunfo.

Lealtad

No compartimos esa visión, creo que la mayoría de los abogados. Porque sería difícilmente entendible que después de haber propiciado una crisis no fuéramos capaces de competir democráticamente aun cuando se haya de estar de acuerdo en la cuestionable naturaleza democrática no sólo del sistema de elección, sino de la lealtad de la convocatoria. Porque propiciando la abstención se vota a Pedrol, que, estamos totalmente convencidos, aunque ahora se convierta en adalid reformador, no va a democratizar las estructuras colegiales y, lo que muchas veces se olvida, las del consejo general, afectando en consecuencia el resultado de estas elecciones a todos los colegios de las distintas nacionalidades y regiones, algunos de ellos esperan expectantes el resultado para plantear o no cuestiones que pueden suponer un desmembramiento innecesario y dañoso a nivel estatal, recordando la declaración del Colegio de Abogados de Barcelona de antes del verano.

Porque creemos que es necesaria la participación en todos los niveles de la sociedad, ya que de esta manera se contribuye al fortalecimiento del sistema democrático, y aun perdiendo la candidatura unitaria encabezada por Manuel Jiménez de Parga, cosa que no va a ocurrir, se sabrá que hay un sector cuantificado del colegio que no apoya la gestión de Pedrol y que se va a convertir en oposición vertebrada, leal, pero inflexible, para conseguir la democratización del colegio y presionar para que los abogados, como corporación, exijan y contribuyan a la mejora de la Administración de justicia y, en definitiva, para aportar nuestro trabajo en la conquista del Estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución de manda.

Conservar o renovar

Se ha teñido por Pedrol a esta candidatura de politizada, afirmación que seguro que produce la radical repulsa de todo el colectivo de abogados, ya que se lanza como una crítica a la credibilidad de una candidatura la presencia en la misma de personas pertenecientes a grupos políticos, convirtiendo el compromiso en arma arrojadiza, y además por una persona que ha pactado con todos los partidos del arco parlamentario para mantenerse y reforzar su poder, pretendiendo hacer creer a un colectivo pensante que el profesional carece de ideología o que si, por ejemplo, apuesta por la defensa del poder económico, no está ejercitando un compromiso político. Siendo los colegios profesionales órganos de participación social y colectiva, siempre serán políticos, sean conservadores de una situación o renovadores y populares de una situación más avanzada, que es lo que dialécticamente se está debatiendo: el conservadurismo como opción política profesional o la renovación y el cambio democrático para el futuro de una corporación política y profesional.

La abstención, supone en esta convocatoria una llamada a la no participación en la vida de las instituciones, en algún caso defendida, creemos que contradictoriamente, por algunos sectores que se han destacado notablemente en la participación en el colegio desde una posición crítica y en momentos que, como antes hemos señalado, prácticamente había dejado de existir. Al igual que parece poco discutible que la abstención de sectores críticos a la gestión de Antonio Pedrol supone concederle el voto e identificarse con los sectores menos comprometidos, más desidentificados de la vida colegial, que choca frontalmente con ese compromiso crítico del que dimana su abstención.

Se podrá perder, se podrá ganar, pero situarse fuera del juego democrático, por muy desigual que éste sea, es perder parte del compromiso. De quien gane o de quien pierda siempre habrá responsables identificados y comprometidos. De los que no participan, siempre quedará el vacío de su falta de compromiso y la interrogante de su responsabilidad. Ante estas distintas situaciones, prefiero apostar por el compromiso participativo, renovador y democrático, con el derecho a perder y ganar, pero con La conciencia de que "tenemos que participar".

Cristina Almeida es abogada y diputada de Izquierda Unida por Madrid.