El Gobierno ha cancelado en lo que va de año cinco empresas de seguridad y estudia el cierre de otras 21

El Ministerio del Interior ha sancionado a 172 empresas de seguridad durante los tres primeros trimestres del año. El Gobierno, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, ha cancelado las actividades de cinco de estas compañías, mientras que el Ministerio del Interior tramita el cierre de otras 21. Por otro lado, 140 de estas empresas de seguridad han sido multadas con un importe global cercano a los 75 millones de pesetas, y las seis restantes han sido apercibidas de sanción, entre ellas dos organismos públicos.

Las empresas que han sido can celadas en el Registo de Empresas de Seguridad, por lo que a partir de ahora no podrán dedicarse a las labores para las que fueron creadas, son Tucri, SA; Hisesa; Sesvi, SA; Seguridad Coyman, SA, y Sociedad Cooperativa Andaluza.La decisión del cierre de esta última fue tomada por el Consejo de Ministros el 14 de julio, y de la penúltima, en la reunión del Gabinete de la se mana siguiente. La cancelación de la empresa Tucri fue acordada el 25 de agosto, y las otras dos, el 1 de septiembre pasado Tucri fue ya multada en febrero con 100.000 pesetas y en abril con otras 150.00 pesetas.

En ninguno de estos casos el Consejo de Ministros informó, ni a través de la referencia de lo acordado ni por la portavoz del Gobierno, de las cancelaciones citadas. El motivo oficial del cierre es la "variación de las circunstancias básicas que motivaron su inscripción" en el Registro de Empresas de Seguridad, eufemismo que esconde las graves irregularidades cometidas, que han llevado al Gobierno a ordenar su cierre.

El Ministerio del Interior ha pedido asimismo la cancelación de otras 21 empresas de seguridad y la definitiva resolución se encuentra en trámite administrativo. Las compañías privadas que se encuentran en esta última situación son Aguila 3, SA; Enrique Lara Gómez; Protección Loss Control; Pronosa; Gallega de Seguridad, SL; Organización Seguridad Integral, SA; Lion 2; Rego Seguridad; Gardm Sistem, SA; Biservicus; Tres Islas, SCL; Consultores de Seguridad; Asepro Cataluña; Grupo 2 Catalana de Seguridad; Esega; Viprose, SL; Security Express; Vigman SA; RC Seguridad; Euroseguridad, y MC Seguridad.

La cancelación es la sanción más grave que permite la normativa actual sobre compañías privadas de seguridad y es competencia gubernamental, mientras que la suspensión temporal, la multa y el apercibimiento son decididas por diversas autoridades dependientes del Ministerio del Interior.

Desde enero a septiembre, el Ministerio del Interior ha multado a 140 empresas por un monto total de 74.480.000 pesetas.

Escoltas ilegales

Destacan por la cuantía de la multa, Tucri Servicios, sancionada con cuatro millones de pesetas por no estar inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad, entre otros motivos; y Prose, SA, multada con 3,6 millones por diversas negligencias en la custodia de las armas y servicios prestados por guardas en vez de vigilantes, entre otras. La sigue Euroblins, SA con 2.350.000 pesetas. Multadas con dos millones de pesetas se encuentran: Servimax, SA; Coordinadora Riojana de Seguridad y Protección, SL, y Pastorman. Las empresas sancionadas con multas que van de esta última cifra a un millón de pesetas son: Protección y Custodia, SA; Falcon Seguridad, SA; Prosegur Transportes Blindados; y Prosegur SA.Los motivos de la sanciones a las empresas privadas varían, aunque destacan las escoltas ilegales (todo servicio de protección personal debe ser realizado por las Fuerzas de Seguridad del Estado), deficiencias en el armero donde debe guardarse el armamento, no comunicar la apertura de una delegación, no visar los contratos y carecer del libro de registro de los contratos.

El Ministerio del Interior ha apercibido -la sanción más leve- a seis compañías, entre ellas dos pertenecientes a dos organismos públicos. Estos son Renfe y el Organismo Autónomo de Aeropuertos Nacionales, que cuentan con efectivos propios de protección, además de contratar determinados servicios a otras empresas de seguridad.

En el caso de Renfe, los hechos sucedieron en la estación de Vigo (Pontevedra) en una inspección realizada por la Guardia Civil, que comprobó que el armero donde sus efectivos de seguridad guardan las pistolas no tenía todos los requisitos necesarios, según confirmaron fuentes oficiales de Renfe.

En cuanto al Organismo Autónomo de Aeropuertos Nacionales, fue apercibido por una infracción ocurrida en el aeropuerto de Mahón.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 28 de noviembre de 1989.

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