Liberado a las 48 horas de ser detenido el presunto violador de una niña

El fiscal ha recurrido la orden judicial de puesta en libertad de Jesús P. A., de 33 años de edad, presunto violador de una, níña de 11 años en la localidad de Burlada, cercana a Pamplona. El pasado jueves, cerca de un millar de personas se manifestaron para expresar su indignación por el hecho. El juez Juan José García Pérez, titular hasta el pasado día 13 del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, ordenó la libertad de Jesús P. A. 48 horas después de su detención.

Jesús P. A., vecino de Pamplona, sin antecedentes policiales, fue detenido por la policía tras ser reconocido por un vecino de Burlada y por la niña a quien presuntamente violó a últimas horas de la tarde del 19 de octubre. La niña, de 11 años de edad, regresaba a su domicilio, del barrio de San Blas, y fue abordada por el agresor en el ascensor de su casa. Tras amenazarla, según informó la policía, Jesús P. A. consumó la violación.El 7 de noviembre la policía le localizó en una calle de Burlada y lo puso a disposición del juez. La niña violada reconoció al agresor en una rueda de identificación. Pese a ello, el día 9, Jesús P. A., fue puesto en libertad por el juez y aunque el fiscal ha recurrido la orden, un grupo de mujeres denunció el hecho y convocó una manifestación a la. que acudieron cerca de mil personas, para expresar su "enérgica repulsa por la justicia impartida por el juez García Pérez", al que calificaron de "juez sin escrúpulos" ya que 1,considera más peligrosa a una ginecóloga que hace su trabajo que a un violador".

El magistrado Juan José García Pérez fué quien tramitó el surriarío contra cuatro ginecólogos navarros a los que acusó de practicar abortos ilegales en la residencia de la Seguridad Social Virgen del Camino de Pamplona. García Pérez les impuso en 1987 fianzas iniciales de 200.000 pesetas, pero este año el mismo juez decretó la fianza máxima permitida por la ley para los ginecólogos procesados Elisa Sesma y Pablo Sánchez Valverde. Ambos médicos se negaron a pagar estas fianzas y el juez ordenó el embargo de los pisos propiedad de ambos médicos.