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Magistrados de Murcia denuncian presión ambiental y política

El temor y el malestar recorrieron ayer los pasillos y despachos del Palacio de Justicia de Murcia tras el recurso presentado la noche del martes por el PSOE contra la decisión de la Junta Electoral que privó a los socialistas de su quinto escaño en beneficio de un diputado para Izquierda Unida. Dos magistrados, que prefirieron norevelar su identidad, indicaron a, era este periódico que la presión ambiental y política había sido fórtísinia en las últimas semanas y que se había agravado en los dos pasados días.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que preside José Abellán, dispone hasta el 5 de diciembre para pronunciarse sobre los polémicos comicios en esta región. Un miembro de la sala comentó ayer que es muy probable que se agote el plazo. "En cualquier caso", agregó, "depende de la rapidez de las partes en aportar pruebas y documentos".

Los temores en los medios jurídicos murcianos se acrecentaron ayer tras conocerse la visita que el delegado del Gobierno, Juan Manuel Eguiagaray, realizó el pasado lunes al presidente de la Sala de lo Contencioso para conocer detalles sobre la tramitación del recurso socialista. Varios magistrados y ftíncionarios no ocultaron ayer su disgusto por esta conducta, así como por el artículo publicado por Eguiagaray en el diario La Verdad del pasado martes, en el que discrepa abiertamente de la resolución de la Junta Electoral.

Por otro lado, el Juzgado número 4 de lo Penal comenzó ayer la tramitación de las reclamaciones por presuntos delitos electorales presentadas por Izquierda Unida, entre las que se incluyen el doble voto de ocho interventores del PSOE y de unos 140 menores de edad. Dirigentes del PSOE han manifestado que no habría ninguna investigación interna para delimitar posibles irregularidades y sólo sancionarán a sus militantes en el caso de que los tribunales los encuentren culpables.

El diputado de IU, Pedro Antonio Ríos, afirmó ayer que la experiencia de Murcia ha demostrado los defectos y carencias de la ley y de la administración electoral. Tras calificar de "intolerable" la actuación de Eguiagaray, Ríos señaló que una de las primeras iniciativas parlamentarias de Izquierda Unida irá encaminada a la reforma de la ley electoral y de la administración que vela por la pureza de los comicios.

Fulgencio Andrés Martínez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Molina de Segura y uno de los ocho interventores de este partido denunciado por IU por supuesto voto indebido al ejercer su sufragio en la mesa en que estaba censado ha amenazado a Izquierda Unida con una querella por las acusaciones vertidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de noviembre de 1989

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