Portugal acusa a España de limitar las ventas de Petrogal y plantea llevar el asunto a Bruselas

España ha sido acusada de limitar artificialmente las ventas en su territorio de la compañía petrolera portuguesa Petrogal, y Lisboa ha amenazado con ejercer represalias contra Repsol y CEPSA, que presiden óscar Fanjul y Alfonso Escámez, respectivamente, y llevar el asunto a Bruselas, con una protesta formal por presunto "proteccionismo encubierto". Lo que está en cuestión es el ya largo contencioso eléctrico y el mercado único energético, que colocan a España en medio del fuego cruzado de las presiones portuguesas y francesas.

La intención de dramatizar la cuestión está clara en la edición del lunes del diario estatal y de mayor tirada en Portugal, el Diario de Noticias, que escoge como título de primera página y a cuatro columnas "Autoridades españolas coartan las ventas de la Petrogal". En la información se pone en cuestión el comportamiento "incalificable" de la Guardia Civil que estaría llevando a cabo una campaña de "intimidación" contra los chóferes de la compañía portuguesa y sus clientes españoles, con fiscalizaciones "abusivas" e interrogatorios "violentos" y "bajo la amenaza de armas", al punto de llegar los trabajadores portugueses a negarse a ir hacia Barcelona o Madrid.El periódico cita al secretario de Estado portugués de Energía, Nuño Ribeiro da Silva, que confirma el "boicoteo" y amenaza con aplicar el mismo trato a Repsol y CEPSA, que disponen ya de gasolineras en Portugal. Según este miembro del Gobierno, si las compañías españolas no abrieron más puestos de venta en Portugal es por motivo de estrategia comercial empresarial. Más grave sería el retraso sistemático y deliberado, por parte de Madrid, de la concesión de las cuotas de exportación para 1990, que no permite a la empresa portuguesa una correcta planificación de sus actividades, asuntos que Lisboa estaría dispuesta a llevar a Bruselas.

La electricidad

El verdadero motivo de la querella sería, sin embargo, y una vez más, el problema de tránsito a través de la red española, de la electricidad que Portugal compra, durante varios meses, del año, a la electricidad de Francia (EDF).

Hace más de un año que la EDP portuguesa y Redesa tratan, sin éxito, de llegar a un acuerdo en relación al transporte de la energía contratada por la empresa portuguesa junto de su homóloga francesa, puesto que, a nivel ministerial, se afirma que los problemas son meramente "técnicos" y se refieren exclusivamente al precio a pagar por la EDP por la utilización de la red española. Sin embargo, el ministro portugués, Mira Amaral, entiende que no se trata tan sólo de la prestación de un servicio por parte de Redesa, que sería también beneficiaria del negocio: la producción eléctrica española es excedentaria junto a la frontera portuguesa (Galicia) y deficitaria junto a la frontera francesa (Cataluña) y los intercambios triangulares tendrían como resultado una rentabilización de los transportes internos españoles y una reducción de los desperdicios, beneficios que Portugal quiere deducir del precio a pagar por sus importaciones de Francia.

La tercera dimensión de la guerra energética luso-española viene dada por la construcción de la futura red portuguesa de gasoductos y coloca también a Portugal y Francia del mismo lado de la trinchera, contra las posiciones españolas. La financiación de la construcción de la red portuguesa de gas natural por entidades francesas (Paribas) conlleva la prácticamente segura adjudicación de las obras a empresas de la misma nacionalidad y el problema de la unión a la red europea a través del territorio español plantea también la realización del llamado "mercado interno energético": Portugal quiere garantizar que los flujos circulen en los dos sentidos.