Iglesia y fines sociales

EL COMIENZO del período de declaración de la renta de las personas físicas ha coincidido este año con una resuelta campaña de la Conferencia Episcopal Española llamando a los contribuyentes a que destinen expresamente al sostenimiento económico de la Iglesia católica la asignación tributaria prevista para fines sociales. Los resultados del año pasado primero en que se puso en marcha la modalidad del llamado impuesto religioso para financiar a la Iglesia católica- revelaron un más que relativo desinterés del conjunto de los contribuyentes por esta nueva fórmula de ayuda pública a la Iglesia: sólo el 35,11 % se inclinó por atribuir expresamente el 0,52%. de la cuota íntegra de su IRPF al sostenimiento de la Iglesia católica, mientras que el 53% se abstuvo, y un 11 % prefirió dedicarlo directamente a otras entidades con fines sociales.Los efectos económicos del nuevo sistema son, por el momento, irrelevantes, ya que, durante tres años -éste es el segundo-, la Iglesia católica tiene asegurados los 14.000 millones largos de pesetas correspondientes a la tradicional dotación procedente de los Presupuestos Generales del Estado, sea cual sea el volumen de lo recaudado mediante el sistema de asignación tributaria. Así, el año pasado, el Gobierno complementó con unos 8.000 millones de financiación directa los 6.200 atribuidos por vía impositiva a la Iglesia, y de la misma forma procederá este año y el próximo, en cumplimiento de lo establecido en los acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano.

La situación, sin embargo, puede hacerse dramática para la Iglesia católica a partir de 1991, en que sólo percibirá para su sostenimiento lo que resulte de la asignación tributaria. Pero en vez de prepararse de manera efectiva para ese momento buscando fórmulas complementarias de financiación propia y modernizando los sistemas de administración y gestión de sus bienes, la jerarquía católica parece confiar sólo en la cómoda providencia del dinero público. De ahí la insistencia con que apremia al Gobierno para que duplique el actual porcentaje del 0,52% de la asignación tributaria y su actual campaña para movilizar a los contribuyentes tibios. Esta solución, de afianzarse en el futuro, no supondría otra cosa que la ignorancia de los acuerdos Iglesia-Estado, que establecen la transitoriedad de la asignación tributaria hasta tanto la Iglesia arbitre fórmulas de autofinanciación, a la ' que está obligada en virtud de los mencionados acuerdos.

Bajo ningún concepto puede admitirse que la asignación tributaria sirva de hecho para la continuidad de una práctica en virtud de la cual el actual Estado, a despecho de su carácter aconfesional, sigue teniendo a su cargo los costes de personal y culto de la Iglesia católica. Porque, en definitiva, a esos exclusivos fines destina la Iglesia lo recaudado mediante la asignación tributaria, en una más que dudosa aplicación de un impuesto que tiene una indudable dimensión social.

Todo ello no significa en modo alguno negar a la Iglesia el derecho a percibir ayuda económica del Estado a cuenta de su actividad social, como ya ocurre con la aportación de miles de millones de pesetas de fondos públicos con destino a sus obras. Precisamente este derecho justifica la unánime denuncia de la discriminación sufrida por Cáritas en la distribución oficial de los fondos sociales. Pero dar carta de naturaleza a un impuesto estatal para la subsistencia de una confesión religiosa clama contra el principio constitucional de igualdad y conculca la letra y el espíritu de los tratados de 1979.