Funcionarios y artistas
LA VIDA, organización y actividades de la Orquesta Nacional de España (ONE) no son, desde luego, los grandes problemas de la música española, al menos mientras no se resuelva el prioritario: la enseñanza. En todo caso, y por tratarse de la primera agrupación sinfónica del Estado, adquiere la suficiente significación como para que el conflicto surgido entre la dirección del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y los profesores de la ONE con motivo del proyectado nombramiento de Cristóbal Halffter como director artístico esté ocupando buena parte de la actualidad cultural.Pensar que en otros lugares no existen problemas más o menos análogos sería tan erróneo como dejar de resolver por ello los nuestros. Y el de la ONE es, antes que una cuestión de nombres propios, un asunto de infraestructura. La de la Orquesta Nacional ha quedado obsoleta, pues el paso del tiempo parece demostrar la inconveniencia de una agrupación sinfónica formada por funcionarios públicos con categoría forzosamente especial. Por otra parte, la situación deficitaria de la profesión musical española mantiene sin cubrir una parte importante de la plantilla de la ONE sin que pueda resolverse tal carencia con instrumentistas extranjeros, ya que la ley sólo autoriza un máximo del 10% de profesores no españoles. Independientemente de la condición funcionarial o no que los componentes de la ONE mantengan en el futuro, es bien sabido que dentro de dos años, en razón de nuestros compromisos con la Comunidad Europea, el límite de ese porcentaje desaparecerá, lo que ha de significar, se quiera o no, una progresiva renovación en los cuadros de nuestra primera orquesta.
Probablemente una de las claves para entender el confuso asunto que gira en torno a la orquesta sea el de que las partes litigantes no están hablando hasta ahora con la suficiente claridad. La creación de una dirección artística para la entidad, tal y como propone el INAEM, parece una decisión acertada que, como es frecuente en muchas orquestas europeas, debería estar asistida por una junta asesora suficientemente responsable y significativa. En ella ha de oírse la voz de los profesores de la orquesta y su opinión debe pesar, sin que se convierta en fuerza de irresistible presión. Todos han de prestar su colaboración a lo que es fundamental: la definición precisa de las funciones que nuestra orquesta debe desempeñar dentro del cuadro de la cultura, prescindiendo de factores negativos como el corporativismo, la comodidad y la rutina. En este caso, parece indiscutible que la función crea el órgano y no al revés, pues para el brillante y azaroso desarrollo de series del repertorio habitual, bastaría hoy con la continua visita de formaciones extranjeras, siempre bien recibidas por el público.
Existen demasiados vanos en el repertorio de la ONE como para insistir una y otra vez en partituras necesarias pero no únicas. Y esta planificación es materia que sobrepasa las decisiones de los maestros titulares, que, como es natural, tienen sus propias preferencias e inclinaciones. Ante el desarrollo del Plan Nacional de Auditorios, la apertura de nuestras fronteras y el progresivo perfeccionamiento de orquestas en las nacionalidades y comunidades autónomas, la Nacional tiene la obligación de no quedar atrás ni en calidad ni en interés de sus actividades. Todo lo contrario: debe recuperar un carácter protagonista y ejemplarizador. La asunción de esta tarea despejaría por sí sola tantos nubarrones como se ciernen sobre el presente y el futuro de la hoy conflictiva Orquesta Nacional.
