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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El voto nacionalista

EN ESPAÑA sigue habiendo entre dos y tres millones de votos nacionalistas o regionalistas, cifra que se mantiene relativamente constante desde los inicios de la transición. Se trata de un segmento de votantes muy consolidado, especialmente en las autonomías históricas, Cataluña y el País Vasco, si bien en esta segunda comunidad, cuya dinámica política tiene características muy singulares, siguen produciéndose variaciones en la composición interna de lo que cabría denominar comunidad nacionalista.En Cataluña, el mantenimiento del voto de Convergència i Unió es notable. El nacionalismo conservador catalán luchaba por retener el enorme aumento de votos registrado en 1986 con ocasión de una operación reformista que, si bien resultó un fiasco en el conjunto de España, logró atraer a gran número de votantes moderados no nacionalistas en Cataluña. Gran parte de los 240.000 votos entonces agregados procedían, sin duda, de ese sector, y ahora no sólo los ha retenido, sino que ha arañado unos 15.000 más. Ello significa que Convergència ha conservado la imagen de eventual fuerza con aspiraciones a participar directamente en un Gobierno nacional. Además, CiU vence por primera vez en la ciudad de Barcelona, con lo que se coloca en buen punto de partida para intentar el desalojo de los socialistas del Ayuntamiento y encaramarse a él para los Juegos Olímpicos de 1992.

Sin embargo, los resultados nacionalistas son inferiores por quinta vez en unas legislativas a los de los socialistas catalanes. Este dato debieran recordarlo tanto quienes desde las filas nacionalistas tienden a considerarse representación exclusiva de Cataluña como quienes desde el papanatismo o la ignorancia de los asuntos catalanes consideran únicos representantes de éstos a una porción, tomando la parte por el todo. El segundo límite de estos resultados radica en que, con mayoría ajena de gobierno, no permiten salir a CiU del ámbito del legislativo y acceder al área del ejecutivo, o sea: el partido de Jordi Pujol, aunque se presente con vocación de tal, no es actualmente una fuerza de gobierno. Según se mire, pues, 18 escaños son poca cosa. Pero conservarlos, como CiU los conserva, es mucho conservar: se trata de un capital limitado, pero muy consolidado y que, de una u otra formal todos tienen que tener presente, pues se trata de la tercera fuerza parlamentaria española.

En Euskadi, la ruptura del viejo PNV en 1986 transformó cualitativamente el panorama político de la zona. De los 450.000 votos -el 42% del total- que llegó a cosechar ese partido en las autonómicas de 1984 pasó a 250.000 en las de 1986, inmediatamente después de la ruptura. Ello benefició tanto a Herri Batasuna, que se convirtió en la primera fuerza electoral de la comunidad en las europeas de 1987, como al PSOE, que logró entrar en el Gobierno vasco en coalición con el PNV. Las elecciones del domingo han supuesto la confirmación de la supremacía de este último partido en el seno del nacionalismo democrático, puesta en cuestión por la escisión.

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En las europeas de 1987, el partido de Garaikoetxea quedó a apenas 35.000 votos de distancia del de Arzalluz. Ahora la diferencia es de 125.000 votos. Lo que significa que, lejos de suponer un desgaste, la apuesta de Arzalluz por el pacto, la moderación y el liderazgo del frente contra la violencia ha resultado electoralmente rentable. Así, aunque los socialistas pierden cinco puntos respecto a las generales de hace tres años, la alianza PNV-PSOE como fórmula de gobierno se ve reforzada a un año de las autonómicas.

Herri Batasuna pierde 15.000 votos respecto a las legislativas de 1986, pero el retroceso de Eusko Alkartasuna hace que se convierta en la primera fuerza de Guipúzcoa. Prueba del real pluralismo de la sociedad vasca actual es que en cada uno de sus territorios es diferente la primera fuerza electoral: PNV en Vizcaya, PSOE en Alava y HB en Guipúzcoa.

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