Endurecimiento de la política antiterrorista
J. G. El fracaso de las conversaciones de Argel y la nueva oleada de acciones criminales por parte de ETA han provocado un endurecimiento de la política antiterrorista del Gobierno, que el PSOE mantiene en su programa electoral y en el que coinciden básicamente los partidos mayoritarios.
El Ejecutivo ha llevado a cabo la dispersión de los presos de ETA por todas las cárceles y ha anunciado que, si su partido gana las elecciones, endurecerá aún más la penalización del terrorismo.
Los socialistas proponen acrecentar "la colaboración entre las fuerzas políticas para aislar defintivamente a quienes sostienen o alientan el terrorismo; la actividad policial para lograr mayores cotas de eficacia y la colaboración internacional en el orden multilateral o bilateral".
La reinserción social no se cita textualmente en dicho programa, aunque se deja abierta esa vía a través del Ministerio de Justicia.
Reinserción
El texto explica que "las sentencias en relación con delitos que atenten gravemente contra el conjunto de la sociedad serán cumplidas íntegramente de forma que no se producirán reducciones de penas para delitos de terrorismo y de tráfico de estupefacientes, salvo por razones de interés general de la Nación".
El PP propone mayores dotaciones para los cuerpos de seguridad y coincide en el cumplimiento total de penas para los terroristas "sin posibilidad de acortamiento".
El Centro Democrático y Social aboga por "mantener firme el pacto antiterrorista, promover nuevas acciones de movilización en la sociedad vasca contra el terrorismo, reforzar la cooperación internacional e intensificar las medidas policiales".
Por su parte, Izquierda Unida propone la "derogación de las normas excepcionales contenidas en la normativa actual" por considerar que la "definitiva solución a los problemas del terrorismo exige la recta utilización de los instrumentos que toda democracia tiene para defenderse". Entre ellas cita la modificación del hábeas corpus, ampliando la información al arrestado, y la reforma de la ley de asistencia al detenido mediante la ampliación de las comptencias del abogado.
El Gobierno ha anunciado por otra parte que iniciará la persecución de los deportados de ETA para entregarlos a la justicia, incluidos los residentes en Santo Domingo que participaron en las conversaciones de Argel.
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