La 'cumbre' judicial de la CE decide impulsar el derecho comunitario

La conferencia de presidentes de tribunales supremos y fiscales generales de los países; de la Comunidad Europea, reunida en Madrid durante tres días, acordó ayer intensificar las relaciones con el Tribunal de Justicia de la CE para hacer efectiva la primacía del derecho comunitario sobre el interno. El fiscal general español, Javier Moscoso, exhortó a los doce a una "mutua cesión de jurisdicción", en pro de "un verdadero espacio judicial europeo".La jornada de clausura, iniciada con la visita de los conferenciantes a don Juan Carlos, fue cerrada por el presidente del Tribunal Supremo de España, Antonio Hernández Gil, quien destacó las sustanciales identidades de los sistemas judiciales de los países de la CE y afirmó que el poder judicial "es independiente tanto respecto a las instituciones de la Comunidad como respecto de los Estados miembros". El canto general a la independencia judicial, según el portavoz Enrique Ruiz Vadillo, no fue óbice, según otras fuentes, para que el magístrado José Jiménez Villarejo propugnara una independencia "no conformista" y, exhortara a "no bajar la guardia" ante el Gobierno respectivo.

Por su parte, Moscoso se refirió a la gran movilidad de la sociedad europea y propuso la cooperación judicial europea, primordialmente en el orden penal, pero extensible también al campo del Derecho Civil, Mercantil y Laboral. En relación con el fiscal, la conferencia ha destacado su papel para dirigir la policía judicial. La mayoría de los países de la CE avanzan hacia un modelo procesal en el que la investigación la asume el fiscal, siempre bajo el control de la autoridad judicial. Entre las conclusiones de la cumbre, que serán entregadas a la Comisión Europea y al Consejo de Europa, figura la solicitud de niedidas que impulsen la colaboración entre los órganos judiciales nacionales entre sí y de todos ellos con los tribunales europeos. La conferencia aprobó también el estímulo a la formación de los profesionales del Derecho para lograr la primacía del Derecho comunitario, concebido como un Derecho no internacional sino supranacional, propio de todos los Estados de la CE.