Gibraltar pide a la CE que anule el acuerdo hispano-británico sobre el aeropuerto del Peñón

El Gobierno de Gibraltar ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (CE) un recurso en el que pide la anulación del artículo 2.2 de la directiva sobre liberalización de vuelos interregionales aprobada el pasado 18 de julio. La acción judicial pretende dejar sin efecto el acuerdo hispano-británico de 2 de diciembre de 1987 por el que esta norma queda en suspenso para el aeropuerto de Gibraltar hasta que exista una terminal de tráfico a disposición de España.

El Gobierno español ha pedido varios informes jurídicos y está inquieto ante el eventual fin de la "era Howe o de pacificación del contencioso sobre la soberanía del Peñón"."El recurso está dirigido contra el Consejo de Ministros de la CE, que fue la instancia que aprobó la directiva y asumió el acuerdo entre España y el Reino Unido por unanimidad, pero nosotros vamos a intervenir como coadyuvantes", afirmaron ayer fuentes de Asuntos Exteriores.

El Gobierno gibraltareño, presidido por Joe Bossano, presentó el escrito ante el tribunal el pasado 4 de octubre. El plazo para contestar es de un mes, pero el Consejo de la CE ha pedido otro suplementario para analizar al máximo el caso y ha designado dos abogados, el italiano Antonio Saccettini y el francés Jacques Delmory. La prórroga guarda también relación con el interés del presidente Felipe González de no mezclar este tema con la campaña electoral.

El Gobierno español aún no ha recibido notificación formal del caso, pero dispone de información completa. "Los ministros que tienen que saberlo conocen al detalle el problema", según un alto representante de Exteriores, para quien "en estos momentos no puede descartarse ninguna hipótesis, ni siquiera la de que el Gobierno de Londres pudiera respaldar indirectamente el recurso". Todavía no se ha pedido información al respecto, "porque en la diplomacia de crisis nadie tira primero la piedra".

La preocupación española tiene dos vertientes: si el Reino Unido no desautoriza al Gobierno gibraltareño, el acuerdo político de 1987 está en entredicho; y si el recurso se ha hecho a sus espaldas, las discrepancias entre la metrópoli y la colonia hacen difícil seguir la senda de entendimiento iniciada con el ministro de Asuntos Exteriores, Geoffrey Howe. Además, está el hecho de la fundamentación jurídica de la demanda, basada en que un acuerdo bilateral no puede imponer la suspensión de una directiva para una parte del territorio comunitario.

Abierto a uso civil

Fuentes próximas al Tribunal de Justicia de la CE explicaron que el recurso puede ser declarado no admisible, basándose en que es difícil que prospere la legitimación del Gobierno de Gibraltar, que es una colonia, como sujeto de derecho público independiente del Reino Unido. La formulación de la demanda en cuanto "persona jurídica" afectada es endeble. Por otra parte, a España siempre se le informó que el aeropuerto era propiedad de las fuerzas aéreas británicas, aunque estaba abierto a uso civil. Gibraltar esgrime ante el tribunal que es el propietario de la terminal, y por eso se ha negado a aceptar la suspensión prevista en el acuerdo bilateral.

En la Dirección General de Transportes de la CE ha causado extrañeza que el recurso vaya sólo contra la directiva de vuelos interregionales y no contra todo el paquete de liberalización aérea de 1987, sometido también a la caución del acuerdo hispano-británico. La explicación de un alto responsable de la Comisión Europea es que "quizá las autoridades gibraltareñas quieran enredar el tema, porque la directiva atacada reforma otra anterior de 1983 en la que el aeropuerto de Gibraltar no estaba sometido a esa reivindicación de soberanía española". La antigua norma fue aceptada por España en el momento del ingreso.