Una promesa dos veces incumplida

ESTEBAN S. BARCIA "Abordaremos la reforma del sistema educativo, ampliaremos la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años, extenderemos la educación a mayor número de españoles y mejoraremos de forma decisiva la calidad de la enseñanza". Así reza el preámbulo o declaración de principios del programa electoral del PSOE en materia de política educativa ante los próximos comicios. El hecho de que la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años ocupara también un lugar destacado en los programas electorales de 1982 y 1986, hace inevitable refugiarse en el optimismo del dicho popular que asegura que a la tercera va la vencida.

Según los datos sobre escolarización que el Ministerio de Educación y Ciencia facilitó al comienzo del presente año académico, la tasa de escolaridad de la población de 6 a 13 años alcanza el 100%; la de 14 a 15, el 91,50%, y la de 16 a 17, el 62%. De otro lado, el sector público sólo atiende al 73% de la población escolarizada en bachillerato y COU. Ello significa que los estudios del 27% restante tienen que ser costeados íntegramente por las familias, a una media de unas 17.000 pesetas mensuales.

Por lo que concierne a la formación profesional, el sector público sólo atiende al 67% del alumnado, pero la enseñanza que imparte la red privada al 33% restante está subvencionada casi en su totalidad, aunque no al cien por cien. Las familias pagan alrededor de unas 2.000 pesetas mensuales.

El actual ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana, repite en cuantas ocasiones se le ofrecen que uno de cada cinco puestos escolares de las actuales enseñanzas medias ha sido creado por la Administración socialista.

No obstante, la situación de este nivel educativo se asemeja bastante a la que atravesó la enseñanza básica a lo largo de toda la década de los setenta cuando, especialmente en los barrios periféricos de las grandes urbes, se produjo la explosión de una demanda de escolarización que los planes más ambiciosos y apresurados de construcciones escolares -entre ellos, los derivados de los pactos de la Moncloa- parecían incapaces de llegar a atender jamás.

Aulas masificadas

Una situación caracterizada por aulas masificadas, dobles y triples turnos y enormes dificultades para encontrar plaza en los centros de la red pública tanto de bachillerato como de formación profesional. En determinados barrios de Madrid, para conseguir una plaza de bachillerato o de FP en ocasiones los padres tienen que aportar poco menos que un certificado de pobreza.

Si el descenso de los índices de natalidad está teniendo un acusado reflejo desde hace ya varios años en la disminución de la matrícula en preescolar y en la educación básica, la demanda de escolarización sigue creciendo en las enseñanzas medias y, consecuentemente, en la Universidad.

Una reciente encuesta de Demoscopia para EL PAÍS, realizada entre el 9 y 15 de septiembre pasado, revelaba que el 81% de los padres con hijos en edad escolar desea que éstos lleguen a cursar estudios universitarios. Hace tan sólo un año un sondeo similar reflejaba que las expectativas universitarias de la población española eran expresadas por un porcentaje algo inferior, el 74%, mientras que varios años antes, en 1974, esa aspiración era compartida por el 58%.

En su programa electoral, la coalición Izquierda Unida asegura que sólo el 21,4% de la población comprendida entre los 18 y 25 años realiza estudios universitarios, porcentaje que la Administración eleva hasta un 26%.

En todo caso, es evidente que el ritmo de crecimiento de la demanda de enseñanza superior no sólo no va a estancarse en los próximos años, sino que todo parece indicar que puede dispararse hasta límites tal vez hoy insospechados.

Los diversos partidos hoy en la oposición coinciden en que los principales problemas del sistema educativo español en la década de los noventa van a estar en la enseñanza secundaria y universitaria. Las movilizaciones protagonizadas por los estudiantes de enseñanzas medias en el curso 1986-87 pueden ser sólo el preludio de una agitación mucho mayor, y su espoleta, la acumulada frustración de los miles de estudiantes que cada año se ven impedidos de cursar los estudios que desean a pesar de superar la prueba de selectividad.

Dos días antes de que la facultad de, Derecho de la recién creada Universidad Carlos III de Madrid abriera sus puertas, alrededor de un centenar de estudiantes de bachillerato de varios institutos de Getafe -la mayoría de ellos, alumnos de los primeros cursos- se manifestaban en el nuevo 'campus' para advertir que no están dispuestos a encontrarse con los mismos problemas con que tropezaron las promociones de bachilleres de los últimos años para conseguir una plaza en la Universidad. Sus portavoces afirmaron que ya han empezado a producirse movimientos tendentes a sensibilizar a los estudiantes de bachillerato de toda España para enfrentarse juntos al problema.

El acceso a la Universidad se configura como el gran caballo de batalla de la polémica educativa en el futuro más inmediato. El PSOE, que albergó en el pasado la idea de una ley específica que regulara el acceso a la Universidad, ha renunciado claramente a ella. En su programa electoral promete: "Se procederá a la progresiva eliminación de las trabas a la movilidad de los estudiantes, adecuando mejor las pruebas de acceso a la Universidad. Paralelamente desarrollaremos la información y orientación a los estudiantes e incrementaremos el programa de becas y ayudas".

No a la selectividad

Izquierda Unida aboga abiertamente por la eliminación de la selectividad: "Nos oponemos a la existencia de mecanismos de selección en el acceso a la formación universitaria para aquellos alumnos que hayan terminado satisfactoriamente sus estudios secundarios". De su lado, los otros dos grandes partidos mayoritarios, CDS y PP, se muestran mucho más ambiguos en sus respectivos programas en relación a esta misma cuestión.

El segundo de estos partidos propone que "después de superados los años de bachillerato cada alumno solicitará el ingreso en la Universidad que considere oportuna, la cual decidirá en el ejercicio de su autonomía".

La interpretación que se desprende de este planteamiento es que se traslada a cada universidad la decisión de seleccionar a los alumnos, lo que supone no sólo el mantenimiento de la selectividad, sino probablemente su complicación hasta el infinito.

La ambigüedad es similar en el programa del CDS, que aboga por la supresión del actual sistema de acceso, para añadir más adelante que "corresponderá a cada universidad, en el marco de la LRU reformada", entre otras cosas, "establecer, con rigor académico la preparación, los criterios y pruebas o requisitos de acceso a las distintas facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias".

Los tres partidos actualmente en la oposición coinciden, por lo demás, en señalar que la solución al problema del acceso pasa fundamentalmente por una política de mayor financiación. Pero el esfuerzo de financiación más generoso que quepa imaginar (IU propone elevar los presupuestos de Educación hasta el 6% del PIB y llegar, en un plazo de cuatro años, al 1% del mismo concretamente para el capítulo de Universidad) no permite augurar que pueda llegarse a un equilibrio inmediato entre la oferta y la demanda de enseñanza superior.

No es fácil improvisar el profesorado que se necesita en todas las carreras de mayor demanda en la actualidad; entre ellas, Derecho, Económicas y Empresariales y la mayor parte de las ingenierías técnicas, tanto de ciclo largo como corto, en donde el problema de la falta de profesorado es especialmente más grave en estos momentos.