Jiménez Villarejo denuncia la debilidad del Consejo del Poder Judicial ante el Gobierno

El magistrado José Jiménez Villarejo, presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, ha denunciado la "debilidad" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en "su gestión en pro de la modernización y desarrollo técnico del servicio judicial". En una comunicación a la conferencia de presidentes y fiscales generales de los tribunales supremos de los países de la CE, Jiménez Villarejo critica al Gobierno por retener "la plenitud, de las competencias presupuestarias en relación con la Administración de justicia".

El tema central de la conferencia, que comienza el miércoles próximo en Madrid organizada por España, y que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos, es El poder judicial y su independencia en el conjunto de los poderes del Estado. Jiménez Villarejo ha remitido una comunicación a la ponencia sobre El poder judicial, su independencia y sus, relaciones con el poder legislativo y con el poder ejecutivo. El antiguo fiscal y hoy magistrado del Supremo analiza el esquema de división de poderes y expone la situación del poder judicial en nuestro país con el contraste entre el papel predominante que le otorga la Constitución española y la debilidad resultante de las excesivas funciones sobre la justicia asumidas por el Ejecutivo.Frente a la vieja inferioridad del poder judicial respecto al ejecutivo, al atribuir a éste el gobierno de los jueces, Jiménez Villarejo recuerda que el constituyente "ha situado la figura imparcial y protectora del juez entre el ciudadano y posibles actuaciones vulnerantes de los funcionarios y agentes del Gobierno". Resalta que en el esquema derivado de la Constitución "los jueces han dejado de ser funcionarios integrados en la burocracia dependiente del Ejecutivo y sus nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario ( ... ) se ponen en manos de un órgano independiente situado en el mismo plano que los demás poderes del Estado".Para Jiménez Villarejo, la debilidad del Consejo General radica justamente en que, no estando condicionada su actividad en defensa de la independencia judicial, sí lo está su gestión en pro de la modernización y desarrollo técnico del servicio judicial". El magistrado acusa al Gobierno de haber retenido "la plenitud de las competencias presupuestarias en relación con la Administración de justicia".En opinión de Jiménez Villarejo, tal situación "genera la contradicción de que, cuando el Consejo General dialoga con. el Gobierno sobre la independencia de los jueces, lo hace en un plano de absoluta igualdad con su interlocutor, en tanto que cuando se ve obligado a solicitar los medios instrumentales necesarios para llevar adelante una política judicial que sólo el consejo puede planificar y realizar, "ha de adoptar, con frecuencia", explica, "una actitud reivindicativa no demasiado coherente con la dialéctica que debe presidir la relación entre dos poderes constitucionalmente iguales".