Mangada pide una ley del del Suelo más progresista que salve el Plan de Urbanismo

El consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, Eduardo Mangada, considera necesaria una nueva ley del Suelo para suplir las presuntas ilegalidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Amparándose en esta ley, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido algunos aspectos claves del Plan General. La sentencia, que satisface a promotores y arquitectos, quiere ser aprovechada por el equipo de gobierno municipal para promover una revisión profunda del Plan.

Los recursos interpuestos por particulares, partidos políticos, promotores y profesionales contra el PGOU están fructificando. Hace seis meses el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (antigua Audiencia Territorial) anuló varias de sus normas, atendiendo un recurso del PP.El lunes el Plan recibió la segunda zancadilla. El Tribunal analizó el recurso de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) y decidió declarar en suspenso aspectos clave como la reparcelación económica, la obligatoriedad de construir viviendas sociales, algunas cesiones gratuitas de suelo o los sistemas para determinar el aprovechamiento del suelo.

Eduardo Mangada, que va a recurrir a esta nueva sentencia, sigue con las espadas en alto defendiendo el espíritu del Plan que él contribuyó a elaborar. "El PGOU hace una lectura progresista de la del Suelo de 1976, que es preconstitucional", afirma. Las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior se basan en ésta ley. Según Mangada, el MOPU y la Comunidad preparan leyes del suelo para suplir estas presuntas deficiencias formales de legalidad".

José María Pérez Herrero, vicepresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), se felicita por la sentencia. "Las cesiones de terrenos al Ayuntamiento para equipamientos excedían lo exigido por la Ley del Suelo", explica. "Y a más cesiones, más costo". Para Herrero sería el momento ideal de replantearse la reforma del Plan. "Hay que recalificar más suelo y eliminar los aspectos ilegales, sin perder otros cuatro años con nuevos recursos", afirma Pérez Herrero.

Los arquitectos, cuyo colegio profesional tiene interpuesto un recurso contra el Plan, valoran positivamente la sentencia. "Queremos claridad para poder funcionar", afirma Andrés Oñoro, de la Junta de Gobierno del Colegio. Para Oñoro lo que más puede favorecer al arquitecto es limitar las cesiones gratuitas. "Nos da más margen en nuestro trabajo", comenta.

Prepotencia e imprudencia

Para el centrista José Luis Garro, tercer teniente de alcalde y coordinador de los temas de urbanismo del Ayuntamiento, las sentencias son consecuencia lógica de la prepotencia e imprudencia de sus redactores "al no atender las alegaciones que, en su día, se interpusieron. Hoy se demuestra que eran acertadas". Garro comentó que muchos aspectos del Plan, cuestionados por la sentencia, son socialmente positivos "pero no tenían la suficiente cobertura jurídica".El anterior responsable de Urbanismo, Jesús Espelosín, coincide con Garro sobre las deficiencias formales de algunos aspectos del plan. "Había puntos que se iban a corregir en la próximo revisión del Plan", explica. Según Espelosín había que revisar el soporte jurídico de la reparcelación ecónomica -impuesto que se aplica a los solares sobre los que el Ayuntamiento no puede obtener compensación de suelo- y calcular el aprovechamiento de las parcelas. Pero Espelosin considera que otros aspectos incluidos en la sentencia apenas han tenido repercusión.