El Gobierno prohíbe los seguros que constituyan de hecho depósitos a plazo
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer el texto de Real Decreto elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda sobre medidas financieras y fiscales urgentes, por el que se prohíbe a las compañías de seguros realizar operaciones que por sus características especiales equivalgan en la práctica a depósitos a plazo.
Esta disposición legal, que ha sido aprobada después de haberse barajado un sinfín de posibilidades, como, por ejemplo, la de someter a las cantidades invertidas en seguros de prima única a un coeficiente obligatorio corno sucede con los depósitos bancarios, ha sido la respuesta oficial a la constatación de que en el sector asegurador se estaban formalizando operaciones sin componente alguno de riesgo, lo que de hecho las convertía en operaciones financieras. Son precisamente éstas las que el citado Real Decreto prohíbe, si se realizan a menos de doce meses, a la vez que se exige un componente de riesgo mínimo si tienen un vencimiento que sea inferior a tres años.
Por consiguiente, no quedan prohibidas las operaciones formalizadas a un plazo menor a un año que contengan riesgo (fallecimiento por muerte natural o accidente, supervivencia pura, etcétera), sino sólo aquellas combinaciones en las que queda eliminado dicho elemento de riesgo.
El rescate
Con objeto de hacer efectiva la prohibición, el Real Decreto impide el uso inadecuado del rescate en los dos primeros años, sin que ello limite, vía anticipos, la liquidez usual de estas operaciones."La realidad económica del mercado asegurador español", señala el texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, "ha puesto de manifiesto la aparición en los últimos años de productos nuevos o procedentes de la adaptación de operaciones clásicas que, por su vencimiento, liquidez y escaso margen de riesgo, han desvirtuado la finalidad aseguradora".
Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto, la intención de la patronal aseguradora Unespa es la de recurrirlo, según anunció el pasado miércoles su presidente, Félix Mansilla. El argumento esgrimido por Mansilla es que dicha regulación "prohíbe operaciones completamente ajenas a las primas únicas y alcanza por igual a todas las entidades".
