La comisión de ayuda a refugiados denuncia la política de expulsiones

La junta directiva de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hizo público ayer un comunicado tras la muerte de Mojtaba Shattah, iraní de 39 años, que falleció el pasado martes al lanzarse al vacío desde el octavo piso de su vivienda después de que se decretara su expulsión de España, y su regreso a Irán (véase EL PAÍS del 28 de septiembre). CEAR denuncia la grave situación de desamparo jurídico que afecta en España a los solicitantes de refugio y asilo rechazados y la política de expulsiones implacable y sistemática llevada a cabo por el Gobierno durante los últimos meses.

La CEAR denuncia asimismo en su comunicado "el repetido incumplimiento de la ley española de Refugio y Asilo de 1984, que en su artículo 17.2 establece expresamente que en caso de disponerse la expulsión (del solicitante rechazado), no podrá efectuarse a un país donde la persona expulsada pueda tener motivos fundados para temer persecución o castigo".

La nota señala además que el estado de profundo deterioro psicológico que padecen los solicitantes objeto de expulsión, "puede abocarlos, como en el caso de Mojtaba Shattah, a situaciones de auténtica desesperación cuando se ven obligados a regresar a su propio país o a otro que no ofrece garantías suficientes para su protección física y jurídica".

La junta directiva de CEAR exige del Estado "su irrenunciable obligación de cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la ley de Refugio y Asilo". Sólo a través de una aplicación justa y generosa de la política de asilo, prosigue la nota, se podrá evitar que se atente -como en caso de Shattah- contra el derecho fundamental de todo ser humano a la vida.