Aylwin ofrece garantías a la inversión extranjera en Chile después de Pinochet
"Cambio con estabilidad" es la frase que resume el programa económico de la concertación de 17 partidos de oposición que se aprestan a poner fin a 16 años de dictadura de Augusto Pinochet en Chile. El régimen de Pinochet se ha caracterizado en el plano económico por la aplicación drástica y continuada de un modelo neoliberal que ha mejorado las cuentas nacionales a costa de un recorte de los ingresos de los más pobres y de una deuda externa que se eleva a 18.000 millones de dólares.
Los principales responsables económicos del candidato único de la oposición y casi seguro próximo presidente chileno, Patricio Aylwin, creen que el principal objetivo del nuevo Gobierno será garantizar la propiedad y la inversión y realizar un giro social que atienda las necesidades de los postergados por el modelo. Aylwin y sus dos principales asesores económicos, Alejandro Foxley y Carlos Ominami, han visitado España esta semana para explicar las bases de su futuro Gobierno y en especial ofrecer garantías a la inversión extranjera.No habrá estatizaciones ni nacionalizaciones, asegura Ominami, un socialista que asumirá probablemente el Ministerio de Economía. Foxley, por su parte, un economista democristiano que será ministro de Hacienda de Aylwin, afirma por su parte que el objetivo central será mantener el ritmo de crecimiento de los últimos cinco años y mejorar gradualmente el poder adquisitivo de los trabajadores, sin provocar desequilibrios ni presiones inflacionarias que alteren el 13% de inflación en el último año, una tasa casi sin comparación en toda América Latina.
La principal herramienta de redistribución del ingreso será una reforma tributarla, dice Foxley. "Queremos revertir algunas rebajas de impuestos exageradas de los últimos años y crear con ellas un fondo de solidaridad social que ataque, con programas innovadores, la extrema pobreza", afirma. Este fondo se complementará con donaciones procedentes de países u organismos internacionales, de tal manera que no se pueda producir gasto social sin una financiación previamente asegurada.
En el área laboral, el Gobierno democrático pretende conducir un proceso de concertación social entre empresarios y centrales sindicales que asegure paz social y estabilidad económica.
Según afirma Foxley, existe conciencia entre los sindicatos de que las mejoras salariales deben ser graduales y sostenidas, para no provocar presiones inflacionarias. Las principales dificultades, según dice, están del lado de los empresarios, que aún creen que pueden mantener su nivel de ganancias sin llevar a cabo una negociación con los sindicatos.
