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Editorial:

Los quintos

NO LE falta razón a Suárez cuando se maravilla de que quienes se mofaron de su propuesta de reducción del servicio militar a tres meses, una de las banderas del CDS en las elecciones de 1986, consideren ahora razonable esa propuesta e incluso la incluyan en sus programas. Las insuficientes explicaciones de los centristas y cierta inercia mental de las formaciones políticas, especialmente las de izquierda, favorecieron el desdén con que la cuestión fue acogida hace tres años. En general, la propuesta fue considerada un mero brindis al sol de Suárez, cuyas escasas posibilidades de tener que responder de sus promesas desde el Gobierno le permitían desbordar a todos por la izquierda. Esas posibilidades no han aumentado, pero el debate que aquella propuesta suscitó, sobre todo entre los jóvenes, ha obligado a todos los partidos a sustituir el desdén por el interés -) la preocupación.Ahora, el CDS ha avanzado un paso más en su proposición y plantea la paulatina sustitución del modelo de reclutamiento forzoso por el del voluntariado. Con matices secundarios, nacionalistas vascos y catalanes comparten esa perspectiva, al igual que Izquierda Unida, mientras que la presión de su rama juvenil ha forzado al Partido Popular a incluir en su programa un proyecto de reducción del tiempo de permanencia en filas. Los socialistas, por su parte, admiten la necesidad de reformar el servicio militar, pero se oponen a una reducción sustancial y rechazan de momento la idea de un Ejército profesional, si bien esa perspectiva se contempla en el Programa 2000 de dicho partido como objetivo a largo plazo.

Es posible que la disputa del voto juvenil -más de 400.000 potenciales nuevos votantes se han incorporado al censo desde 1986- explique este repentino interés, pero también es cierto que todas las encuestas indican que la sensibilidad de la opinión pública ante la cuestión se ha modificado radicalmente. Así, el debate sobre reclutamiento forzoso o Ejército profesional está planteado de hecho, sin que sea posible Ya detenerlo con la mera repetición de los argumentos tradicionalmente esgrimidos desde posiciones genéricamente progresistas.

Estos argumentos son en sustancia los siguientes: que un Ejército de voluntarios -de mercenarios, en la terminología clásica de ese sector- sería menos resistente a intentonas golpistas de los mandos que uno formado por hijos del pueblo; que el voluntariado implica que la obligación de contribuir a la defensa del país se reduciría a los sectores más humildes de la población, únicos que, presionados por el paro y la miseria, aceptarían emplearse como militares profesionales; que un Ejército profesional es muy caro, y los fondos que se destinarían a ese objetivo podrían aplicarse con más provecho a otras necesidades sociales.

La experiencia concreta no abona la primera objeción: ni en América Latina ni en parte alguna, la condición de hijos del pueblo de los soldados ha sido jamás un freno al golpismo, mientras que las fuerzas armadas británicas, prototipo del modelo profesional aplicado luego en países como Canadá, Estados Unidos o México, han sido las menos golpistas del mundo. Sólo los pobres serían soldados: la experiencia de Estados Unidos indica que la distribución social y racial es más o menos la misma que antes de la implantación del voluntariado; es posible que en países menos opulentos, como España, la cosa variase, pero ¿no es cierto que también los policías y guardias civiles proceden en general de las clases más menesterosas? Es caro: lo sería en términos presupuestarios, pero no más, en términos sociales, de lo que resulta de mantener fuera de la producción a un cuarto de millón de jóvenes al año. A ello se añade la evidencia de un Ejército cuya creciente tecnificación exige especialistas cualificados que no pueden improvisarse en unos meses, lo que a su vez aumenta la impresión de estar perdiendo el tiempo que experimentan los soldados de reemplazo.

Plantear esas y otras cuestiones abiertamente es un derecho de todos los ciudadanos, y en el caso de los militares profesionales, una obligación para con la sociedad que paga sus servicios. De ahí que resulte desconcertante, además de injusta, la sanción impuesta al coronel Martínez Inglés, autor de una tesis sobre el servicio militar, por unas declaraciones en las que se pronunciaba, con razonables argumentos, en favor de un Ejército profesional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de septiembre de 1989