El PSOE emplaza a Rodríguez Sahagún a que aclare si ampara o no la "infracción" de Tamames

Luis Larroque, portavoz adjunto del grupo socialista del Ayuntamiento de Madrid, emplazó ayer al alcalde a clarificar si ampara o no la actitud del concejal centrista Ramón Tamames quien, según un escrito del secretario general, no declaró al Registro de Intereses su participación en la empresa Dainursa, propietaria del inmueble de Cava Baja, 30, hoy en ruinas. Larroque calificó de "infracción muy grave" la actuación de Tamames y aseguró que su responsabilidad es política.El grupo socialista parece dispuesto a que el caso Tamames se convierta en el primer test político para el equipo de gobierno de centro-derecha. "No es un problema de tribunales, sino político", reconoció ayer Larroque.

"La Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Corporaciones Locales establece la obligación de que los miembros de la corporación declaren sus intereses económicos cuando son elegidos o se produce una variación de su situación patrimonial", dijo Larroque. "Sin embargo, Tamames no declaró su participación en Dainursa y, por lo tanto, tampoco en Cava Baja 30, como ha reconocido el secretario del Ayuntamiento añadió.

Ante la polémica suscitada, Tamames envió el lunes al secretario general una carta en la que indicaba que en el Registro Municipal de Intereses sí consta que tanto él como su esposa poseen la totalidad de las acciones de una sociedad llamada Procyr, que ha tomado participaciones accionar¡as en diversas sociedades, entre las que está Dainursa.

El escrito indica que "la participación de Procyr en Damursa era minoritaria, sin que el que suscribe tuviera en ella un puesto en el Consejo de Administración ni ningún otro cargo".

Según indicó Tamames hace unas semanas, Dainursa compró el inmueble de Cava Baja, 30 en el que se encuentra el famoso mesón del Segoviano, el pasado mes de diciembre.

El 31 de julio pasado y tras ser nombrado miembro del consorcio Madrid 92 Tamames dio orden de desvincularse de aquellas actividades "que pudieran tener implicación con los futuros desarrollos del proyecto de capitalidad europea". Ocho días después la Gerencia municipal de Urbanismo, tras un largo proceso que ha durado nueve años, declaraba el edificio de Cava Baja 30 en ruinas y ordenaba el desalojo de los vecinos. Ante ello, Izquierda Unida solicitó y obtuvo del alcalde la creación de una comisión para investigar los 40 expedientes de ruina que pesan en la actualidad sobre otros tantos edificios. El PSOE ha solicitado que el de Cava Baja, 30 sea el primero en analizarse.