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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Jugar con ventaja

LA UTILIZACIÓN privilegiada que el Gobierno hace de los trabajos del Centro de Investigaciones Sociológícas (CIS) resulta especialmente escandalosa en los períodos preelectorales. El argumento según el cual los estudios del CIS son un instrumento necesario para la correcta gobernación del país revela su condición de tapadera cuando, en vísperas de las elecciones, se realizan costosas encuestas destinadas; a orientar la campaña del partido gobernante mediante datos que retiene de manera privilegiada.El desparpajo mostrado recientemente, en un informativo televisivo, por el actual director del CIS, Luis Rodríguez Zúñiga, constituyó un ejemplo de la deliberada confusión entre intereses públicos y particulares del partido en el poder que practican ciertos devotos funcionarios. Su exhibición de encuestas relacionadas con el SIDA, la circulación o el aborto no sirvieron para responder a la pregunta concreta que se le hacía: por qué los resultados de los sondeos electorales -financiados con fondos públicos y que no sólo versan sobre la intención de voto, sino sobre la sensibilidad de los electores ante determinados mensajes, evolución de la opinión en función de la campaña, etcétera...- son monopolizados por el partido gubernamental y sustraídos del conocimiento de la oposición. Y ése, y no otro, es el problema.

Puede ser conveniente, y hasta necesario, que el CIS refuerce su actividad en vísperas de consultas electorales con vistas a conocer lo más exactamente posible la evolución de la opinión pública en momentos políticamente tan trascendentales. Lo que no es admisible es que el Gobierno se quede con los resultados y los hurte al conocimiento de las fuerzas políticas que legítimamente participan en la lucha por la conquista del poder. En cualquier momento, y sobre todo en el que precede a los pronunciamientos electorales, el CIS está obligado a cumplir con el papel que le corresponde en un régimen de opinión por excelencia como es el democrático: facilitar a las fuerzas políticas y sociales representativas los datos sociológicos y los trabajos de auscultacion de la opinión pública necesarlos para orientar lo más certeramente posible su actividad pública. No hacerlo así daña gravemente la credibilidad del sistema político en su conjunto.

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