Condenada a seis años por colaboracion con bandas armadas una mujer en cuyo juicio intervino la fiscal Carmen Tagle

María Lourd es Gabiola Imaz, de 30 años, natural de Gisaburuaga (Vizcaya), ha sido condenada a seis años y un día de prisión y multa de 150.000 pesetas como autora de un delito de colaboración con bandas armadas al haber prestado ayuda a miembros de ETA. Se da la circunstancia de que la fiscal Carmen Tagle, asesinada por ETA hace una semana y que intervino como acusación pública en este juicio -el penúltimo al que asistió-, pidió para Gabiola siete años de cárcel y 200.000 pesetas de multa.La sentencia de la Audiencia Nacional considera que Gabiola formó parte desde 1980 o 1981 de un comando de información integrado en la organización terrorista, con la misión de informar sobre personas presumiblemente ligadas al tráfico de droga, un vehículo que aparcaba en el Gobierno Militar de Bilbao y otros vehículos policiales. Gabiola transmitió la información solicitada y en ocasiones prestó su coche, un Citroen Dyane 6, a miembros de ETA.

El tribunal precisa que Gabiola incurrió en el delito de colaboración con banda armada, ya que, al facilitar informes o indagaciones sobre personas y vehículos, se favorece la comisión de delitos terroristas.

El juicio previsto para hoy contra los presuntos miembros de ETA José Alberto Arribas, Joaquín María Aldanondo, Mikel Gotzon Zurnárraga y Juan José Vitoria ha sido suspendido a petición de los abogados defensores. El fiscal se opuso a la suspensión por considerar que desde que la defensa formuló su calificación tuvo tiempo para articular la defensa; sin embargo, el tribunal ha aplazado la vista hasta el 13 de octubre.

'Comando Araba'

Por otra parte, sólo cinco de los 29 detenidos en el País Vasco en relación con el comando Araba habían pasado a disposición judicial al cierre de esta edición, y tan sólo uno de ellos, José Antonio Viguri, presidente de la Federación de Ikastolas de Álava, había prestado declaración. El juez central de guardia decretó su ingreso en prisión, al parecer por los presuntos delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y explosivos. Viguri es propietario del caserío en el que fue descubierto un zulo en el que se encontraron numerosas armas y municiones, así como un habitáculo capaz de albergar a miembros operativos del comando Araba o a algún secuestrado. Su abogada, Felisa Herreros, declaró que Viguri había sido torturado.

Los otros cuatro detenidos que esperaban a declarar son María Ángeles Pardo, Alejandro Ros del Blanco, Carmen Cuétara y Miren Gotzone López de Luzuriaga.

La actividad en el juzgado es frenética, ya que en las próximas horas deben declarar todos los detenidos, puesto que mañana vence el plazo de cinco días, máxima prórroga de la detención preventiva. Entre estos detenidos figura el único miembro liberado del comando Araba con vida, Juan Carlos Arruti Paterra, considerado autor de 29 asesinatos y del secuestro del industrial Limousin, en julio de 1982.