El juez declara fraudulenta la quiebra del Banco de los Pirineos e insta la investigación penal

El juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona dictó ayer una sentencia que declara fraudulenta la quiebra del Banco de los Pirineos por entender que la contabilidad de la entidad estaba falseada. El juez Francisco Javier Pereda Gámez ha ordenado también que se investigue a los responsables criminales de la quiebra del banco cuando la sentencia sea firme.

La entidad instó la demanda de suspensión de pagos en 1982 y posteriormente la declaración de quiebra voluntaria. El ex presidente de la entidad, Higinio Torras, huyó de España al iniciarse el procedimiento judicial y actualmente se encuentra en Brasil. La fallida del banco ocasionó un agujero de 4.000 millones de pesetas que perjudicó a un total de 6.502 acreedores.La declaración de quiebra fraudulenta se fundamenta en las irregularidades contables observadas en la gestión del banco. La sentencia destaca, entre otras cosas, que el banco llevaba una doble contabilidad -la oficial y la caja B-, la ocultación de pasivo, el pago de extratipos sin reflejo en la contabilidad y la concesión de avales fallidos a sociedades del banco y empresas de los propios consejeros de la entidad. Así, destaca que 2.100 millones de pesetas se libraron como avales a sociedades relacionadas con la entidad, cantidad que suponía un 40% de los depósitos de los acreedores, y añade que la concesión no fue reflejada en ningún momento en la contabilidad "lo que induce a un balance falseado".

Otro elemento que destaca el fallo sobre la fraudulenta contabilidad del banco reside en las diferencias del resultado del balance que presentó la entidad y la determinada por los interventores. El Banco presentó un activo de 9.238 millones de pesetas y un pasivo de 5.994 millones de pesetas, mientras que el balance de los interventores cifró en 7.824 millones el activo y el pasivo en 9.885 millones.

La sentencia subraya que al banco "le era exigible una exquisita atención del cumplimiento de los principios contables, no sólo por ser una entidad bancaria, sino, especialmente, por presentarse ante los acreedores en estado de suspensión de pagos". Asimismo, el juez entiende que en este caso "la apreciación de la prueba se hace especialmente difícil en supuestos como éste en que no suelen aparecer documentos fehacientes, muchas veces ocultos por los quebrados".

Procesos paralelos

Desde 1982, la actuación de los consejeros de la entidad y, en general, la situación financiera del banco se ha visto sujeta a diversos procesos judiciales que, finalmente, quedaron paralizados a la espera de que el Juzgado de Instancia de Barcelona determinase si la quiebra fue voluntaria o, por el contrario, se desencadenó por irregularidades en la gestión. A ése juzgado le correspondió pronunciarse sobre la demanda de suspensión de pagos que presentó la propia entidad.Pese a que el proceso civil se inició hace más de seis años no se llegó a ninguna conclusión determinante hasta ayer porque la tramitación estuvo paralizada desde 1983. En esa fecha tanto la sindicatura como el comisario ya habían aportado a la causa sendos informes en los que concluían que la quiebra fue fraudulenta. La aparente desaparición del procedimiento fue descubierta por la fiscalía el año pasado, al revisar todas los procedimientos pendientes de suspensiones de pagos.

La existencia del proceso civil provocó que se paralizase en su día el proceso penal que se seguía en la Audiencia Nacional contra los 20 ex consejeros de la entidad que fueron procesados por los delitos de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida. Ésta causa permanecerá paralizada hasta que la sentencia del juzgado de Barcelona sea firme, ya que puede ser recurrida.