El Gobierno espera informaciones más precisas antes de solicitar a Santo Domingo la entrega de 'etarras'
Tres miembros históricos del comando Madrid de ETA deportados en Santo Domingo y reclamados por la justicia española -Ignacio Arakama Mendía, Belén González Peñalva y Juan Manuel Soares Gamboa- podrían facilitar irriportantes datos sobre la infraestructura no desarticulada de dicho grupo en la capital de España si son enviados a nuestro país. El vicecanciller (viceministro de Exteriores) dominicano, Fabio Herrera Cabral, afirmó que su Gobierno está dispuesto a entregar a los etarras inmediatamente y sin necesidad de extradición, pero fuentes oficiales del portavoz del Ejecutivo español aseguraron ayer no tener constancia de que ya se hayan iniciado gestiones legales en ese contexto.El subsecretario del Ministerio del Portavoz del Gobierno, Miguel Gil, señaló que la declaración del vicecanciller dominicano no supone "información suficiente para conocer la disposición del Gobierno de Santo Domingo". No obstante, Gil aseguró que "permanecen abiertas las vías de comunicación entre ambos países" y añadió que no le constaba que el Gobierno español "haya iniciado gestiones" para conseguir la entrega inmediata de los tres miembros del antiguo y más sanguinario comando que haya actuado nunca. en la capital de España.
Portavoces oficiales del Ministerio del Interior respondieron que el departamento no comenta aspectos de la lucha antiterrorista ni explicaron porqué no se no habían iniciado gestiones en este sentido.
Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que el mismo avión español que los trasladó de Argel a Santo Domingo podría ir a recogerlos inmediatamente y traerlos a España.
Dichas fuentes opinan que el Gobierno socialista no pretende realmente traerlos ahora sino que guarda esa baza dentro de un endurecimiento severo de la política antiterrorista sí gana las próximas elecciones que podría culminar en un ultimatum a ETA para que acepte un diálogo pacífico o cierre defintivamente las puertas a la negociación.
De otro lado, el Congreso venezolano deberá ratificar el nuevo tratado de extradición entre España y Venezuela, firmado en enero de 1989, para que los tribunales españoles puedan conseguir la extradición de los etarras deportados en ese país, informa Efe. El nuevo tratado de extradición incorpora los delitos de terrorismo.
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