Algo se ha quebrado

Esto no es Italia. Allí las tramas negras, las Brigadas Rojas y la Mafia han asesinado a jueces y magistrados para eliminar a elementos molestos y atemorizar a sus compañeros. Giovanni Falcone, el máximo exponente de la lucha contra el crimen organizado, está protegido por un auténtico ejército, y a pesar de todo sufre atentados. Otro reducido grupo de jueces que indaga sobre la Mafia dispone de una protección similar. Aquí en España existía hasta ahora un pacto no escrito, admitido cm prudencia por todos los afectados, por el que se respetaba a los estamentos relacionados con la Justicia. Con el asesinato, el pasado martes, de la fiscal Carmen Tagle ese pacto se ha roto y se ha abierto un nuevo frente.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), organización terrorista prácticamente extinguida y cuyos planteamientos eran próximos a la estrategia seguida por las Brigadas Rojas en Italia, asesinaron hace años al presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Miguel Cruz Cuenca, sólo por el hecho de que era magistrado. Les hubiera dado igual matar a cualquier otro, se trataba sólo de golpear a la Justicia.ETA nunca hasta ahora había atentado contra los que administran Justicia, contra los que juzgan a sus militantes caídos. Nunca nadie explicó la razón de éste proceder. Se atacaba a las Fuerzas de Seguridad y al Ejército, pero se respetaba a los jueces y fiscales. Tal vez porque ello podría suponer un endurecimiento en el trato hacia suipresos, auténtico talón de Aquilés de la organización, o porque, de alguna manera, la labor de los jueces ha servido de control a ciertas conductas de apasionados policías.

De otra parte, tampoco los abogados de los etarras han sido procesados por algunos excesos realizados en el ejercicio de la defensa, como, por ejemplo, el caso de Ruiz Balerdi, detenido en la frontera cuando regresaba a España con seis millones procedentes. del rescate pagado en un caso de secuestro. Hasta las organizaciones terroristas de signo contrario a ETA, como el Batallón Vasco Español o los GAL, dentro de su irracionalidad, se han abstenido de atacar a los letrados.

Las amenazas contra jueces y fiscales, no obstante, se iban produciendo en los últimos años de forma periódica, aunque, de hecho, hasta ahora, sólo se habían quedado en eso y el ámbito judicial era casi el único respetado por los terroristas. Durante años, en medios jurídicos se ha hablado de ese pacto no escrito, y pocos lo ponían en duda porque funcionaba.Este pacto no escrito se traducía en la impresión, de que mientras los miembros de la banda terrorista fueran tratados con dignidad y corrección, la organización no pondría en el punto de mira al personal de la Audiencia Nacional.

Desenvoltura

Lo cierto es que progresivamente y desde hace siete u ocho años, los abogados de Herri Batasuna, defensores habituales de etarras, se movían con absoluta desen voltura en las oficinas de la Audiencia y los únicos

enfrentamientos se producían en los estrados y desde un punto de vista estrictamente técnico jurídico. Los letrados defensores habían adquirido cierto grado de con fianza y de prestigio ante los distintos tribunales, lo que se tradu cía en una mayor exigencias en la apreciación de las pruebas antes de condenar, especialmente en casos de colaboración, en las que las peticiones fiscales solían alcanzar los siete años de prisión. En multitud de ocasines presuntos colaboradores de ETA a los que podía alcanzar una duda razonable, han salido absueltos, cuando con un mínimo grado de apasionamiento, por parte de los jueces, la sentencia. hubiera, resultado todo lo contrario.

Los magistrados desde hace un par de años, en estricta aplicación de la legalidad, han investigado al GAL, una situación impensable poco tiempo antes. Además, en todos los años de funcionamiento de la Audiencia Nacional, por la que han pasado numerosos inspectores, policías nacionales y guardias civiles, nunca se ha tenido conocimiento de que se haya propinado una sola paliza a un terrorista, a diferencia de lo que etarras han denunciado de otras comisarías.Últimamente, en la documentación intervenida a señor Robles, el cajero de ETA, tras su detención, se encontraron unas instrucciones para los comandos en las se destacaba la necesidad de actualizar los datos referentes a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Aunque se tomaron algunas precauciones, el hecho de que en ocasiones anteriores las amenazas no se habían convertido en atentados, así como. el convencimiento de la existencia del, pacto no escrito, los jueces y fiscales encargados de la lucha contra terrorismo siguieron llevando su vida habitual.

Los analistas del fenómeno terrorista y los expertos de la Policía se preguntan qué ha podido motivar este salto cualitativo en las acciones de ETA que la ha llevado a violar el pacto. El nuevo frente abierto por ETA ha obligado a los ministerios de Interior y Justicia, al Poder Judicial ,y a la Fiscalía del Estado a la adopción de medidas extraordínarias para proteger adecuadamente a la veintena de magistrados y fiscales que se encargan de investigar, acusar y juzgar a los terroristas.

Hasta ahora, atacar a uno de estos jueces podía resultar sencillo. Algunos, la mayoría, ni siquiera tenían un policía de escolta. Concretamente, tras las vacaciones veraniegas, sólo dos de los cuatro jueces centrales dedicados a la investigación del terrorismo tenían una protección individualizada. Respecto a los magistrados que juzgan ese tipo de acciones, el porcentaje disminuía, pues únicamente uno de los nueve de la Sala de lo Penal gozaba de esa protección. La media docena de fiscales nunca ha dispuesto de escoltas; a pesar de que éstos no han cesado de acusar a los terroristas.Un terrorista osado o un kamikaze facilmente podría entrar en la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, mostrando un carné de identidad falso a la entrada. Una vez en el interior, el acceso a los despachos de jueces y fiscales es bien sencillo: sólo había que abrir la puerta correspondiente.No obstante, en el edificio se encuentra instalada una comisaría a la que pertenecen.una veíntena de inspectores. También una importante dotación de policías nacionales controla los puntos neurálgicos del inmueble, ayudados por, un sofisticado sistema audiovisual, con cámaras instaladas tanto en el exterior como en la sala blíndada, donde se juzga a los terroristas. A esto hay que añadir el continuo tránsito de guardias civiles que acuden debido a las conducciones de presos.

Útimamente, la entrada era más complicada. Tras la fuga de José María Ruiz-Mateos, de una sala de la Audiencia Nacional, las medidas de seguridad se intensificaron. Al menos, un policía por planta custodiaba las dependencias y controlaba que personas no deseadas pudieran irrumpir en los despachos de magistrados o fiscales.