Reparcelación económica y paso atrás

Las declaraciones de José María Álvarez del Manzano, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid (véase EL PAÍS del 10 de septiembre), en las que justifica la suspensión cautelar de la "reparcelación económica" abren un debate profundo sobre la política urbanística en Madrid. En este artículo, el consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, Eduardo Mangada, contesta lo que considera como la "decisión programática del nuevo equipo municipal".

La decisión del equipo de gobierno municipal de centro-derecha de suspender cautelarmente la aplicación de la "reparcelación económica", instituida para el suelo urbano, por el plan general aprobado en 1985, y gestado en el primer Ayuntamiento democrático -tras la dictadura- gobernado por la izquierda, es mucho más grave que un error o una miopía. Es, sin duda, el ppimer paso atrás, la primera quiebra programática, que ejemplifica la contraposición de una cultura de izquierdas y una revancha de derechas.[La "reparcelación económica", conocida como impuesto revolucionario, es una figura que se incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana y que consiste en gravar con un 14% del valor catastral de los terrenos a aquellos promotores interesados en edificar en parcelas aisladas. Con este concepto, por el que el Ayuntamiento ha ingresado más de 3.600 millones de pesetas, se intentaba que los promotores inmobiliarios colaboraran en la construcción de los equipamientos de un barrio.]

Como tantas veces se ha demostrado en nuestra historia, la derecha no necesita la cultura para gobernar; le basta, cuando tiene el poder, con un pragmatismo servil, que protege los intereses más espurios de nuestra sociedad, y desmonta, para ello, las conquistas que han ido afirmándose en etapas de hegemonía -política y social- de las fuerzas progresistas.

El subterfugio de la incertidumbre jurídica y la invocación a la cautela contable, ante un hipotético fallo del Tribunal Supremo, que pusiese en duda la bondad y legalidad del instrumento denominado "reparcelación económica", es una pura cobertura retórica para adelantar, de facto, una práctica urbanística en la que se tira por la borda un principio básico del urbanismo, enunciado ya en la ley del Suelo de 1956, cual es la redistribución de las cargas y beneficios que el desarrollo urbano produce entre todos los titulares de suelo y operadores inmobiliarios que en él concurren.

Tejido consolidado

La decisión, contra lo que estas líneas se levantan, refleja, más aún, evidencia, una ignorancia injustificable, técnica y políticamente, de los fines y modos de operar la "reparcelación económica" en el tejido consolidado de nuestras ciudades.

Este instrumento no es, señor Álvarez del Manzano, un mero mecanismo recaudatorio para nutrir las arcas municipales, sino una cuenta compensadora entre los distintos aprovechamientos que para los solares de una ciudad establece un plan general.

Si quiere usted cautela, mantenga la eficacia de la "reparcelación económica", figura plenamente vigente, y proteja el fondo que su aplicación general, por si hubiese que retrotraer determinadas actuaciones administrativas, ante un hipotético fallo negativo (que para usted sería un fallo positivo) por parte del Tribunal Supremo.

Si de respeto a tan alto tribunal se trata, espere usted, señor Álvarez del Manzano, su fallo y no lo acelere, como pájaro de mal agúero. Aplauda usted, si quiere, un paso atrás en la racionalidad urbanística. Pero en su momento.

Mientras tanto, señor Rodríguez Sahagún, respetado alcalde de Madrid, en lugar de declamaciones de progresismo genérico, coadyuve usted en el recurso presentado por la comunidad autónoma, haciendo valer la bondad y la legalidad, a la luz de la Constitución, de la "reparcelación económica".

Y, más allá de un proceso contencioso, apueste usted, defienda usted la racionalidad, las conquistas más progresistas, traducida en normas, de nuestro reciente e innovador urbanismo.

Precio del suelo

En momentos en que la lucha contra el incremento desmesurado del precio del suelo es reclamada por amplios sectores de nuestra sociedad, no parece que la medida adoptada por el Ayuntamiento de Madrid, eliminando unos de los pocos mecanismos a través del cual los propietarios de suelo coadyuvan a la mejora general de la ciudad, sea un paso acertado y coherente en la lucha contra las prácticas especulativas.

Malos vientos presagian esta decisión. Vientos reaccionarios contra los que debemos protegernos y armarnos los ciudadanos que hemos luchado y, todavía, conquistado una cultura de la ciudad más racional, justa y solidaria.

Muchas veces he dicho: si queremos un buen urbanismo, antes de buscar a un buen técnico, votemos bien.

es consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid.