Izquierda Unida pide una comisión investigadora sobre la venta de casas céntricas con expediente de ruina

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid pedirá en el próximo pleno la creación de una comisión que investigue los últimos cambios de propiedad sufridos por les 40 inmuebles del centro de la ciudad afectados actualmente por un expediente de ruina. IU pretende con ello determinar si hay agentes inmobiliarios que se hayan valido de información privilegiada y si existen maniobras especulativas tendentes a expulsar a los actuales residentes de sus barrios. IU anunció, asimismo, que solicitará el cierre de la Casa de Campo al tráfico privado durante los fines de semana ante el deterioro de esta zona que calificó de "creciente y radical".El portavoz de IU, Francisco Herrera, adelantó ayer que entre los objetivos de su grupo para los próximos meses figurará la lucha contra la especulación urbanística. Como primeras medidas, su grupo pedirá que el Ayuntamiento agilice el plan en marcha para construir 18.000 viviendas sociales y acometa otro similar antes de 1991.

Contra el 'decreto Boyer'

IU planteará también a la corporación la aprobación de una declaración institucional contra el decreto Boyer sobre alquileres y pedirá la creación de una comisión investigadora para analizar el desarrollo seguido por los 40 expedientes de ruina en tramitación. "Se trata de ver los cambios de propiedad que se han producido desde que se comenzaron a tramitar los expedientes, con objeto determinar si hay agentes inmobiliarios que han podido utilizar información privilegiada", dijo Herrera.La petición se produce tras onocerse que la empresa Dainursa, de la que hasta el pasado 31 de julio fue socio el concejal del CDS Ramón Tamames, compró a comienzos de este año la casa de Cava Baja, 30, en donde se encuentra el Mesón del Segoviano. La finca estaba afectada por un expediente de ruina desde 1979 y el pasado mes de agosto se decretó su ruina parcial y se ordenó su desalojo.

Para IU, el Ayuntamiento debe promover la rehabilitación pública directa mediante la compra y rehabilitación de los edificios por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y a través de la acción sustitutoria. "Las previsiones del Plan General fijaban la rehabilitación pública de 4.000 viviendas al año. La media anual ha sido de 250 y se han concedido subvenciones en los dos últimos años para rehabilitar 3.500 viviendas privadas al año. Eso supone que los objetivos, un sumando todo, no se hancubierto ni en el 70%".

Herrera se manifestó partidario de reorganizar la Operación de Regulación de Aparcamiento, aunque sin privatizarla, y anunció que su grupo mantendrá su política para lograr la eliminación de las instalaciones militares del casco urbano.

Sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que debe realizarse antes de fin de año, IU se opondrá a la desprotección masiva de edificios y a la recalificación de suelo no urbanizable en urbanizable.

Los restantes objetivos de IU para los próximos meses son la potenciación del movimiento ciudadano, la oferta de los servicios sociales a las clases más necesitadas, la apertura de nuevos centros de atención al drogodependiente y de comunidades terapéuticas y la potenciación de la seguridad en todos los distritos.