Control del iniciado

SEPTIEMBRE VERÁ germinar un cúmulo de códigos deontológicos en las nuevas sociedades y agencias del mercado de valores. Se trata de normas de conducta para empleados, socios y miembros de los consejos de estas entidades dedicadas a la intermediación bursátil. La importancia de dichos códigos consiste en que uno de los problemas más graves que ha traído aparejado el florecimiento de la actividad de los mercados de capitales en todo el mundo es la posición de venta ja informativa de unos sobre la ignorancia de otros. La ventaja informativa ha dado en llamarse delito de iniciados, y consiste en la posibilidad de tomar posiciones en títulos-valores sabiendo por anticipado que éstos generarán plusvalías por diversos motivos. Fue en los momentos iniciales del auge que acabó en el crash de octubre de 1987 cuando Ivan Boesky, un gran especulador neoyorquino, saltó a los titulares por manipulación en el precio de los valores y por el delito de iniciado (insider trading). Más recientemente, Michael Milken, el genio de los bonos basura, debió admitir su culpabilidad en el fraude por manipulación y en el insider trading. Y la sombra de la vergüenza ha cubierto también a la sociedad de valores estadounidense Drexel, que ha incurrido en operaciones irregulares en España y cuya conducta será objeto de un fallo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la próxima semana.

En España, el viejo sistema de contratación por corros, la falta de códigos deontológicos y de control informático, así como un cierto sistema de complicidades implícitas que hacía que nadie investigase en serio, han favorecido en el pasado prácticas dudosas por parte de algunos operadores que sumaban sus propias inversiones a las encargadas a sus despachos. De ahí que el eje de los códigos que estructuran las sociedades y agencias ahora tengan un denominador común, bien visto por la CNMV. Los empleados de cada agencia o sociedad deben mantener cuentas para su inversión sólo en la sociedad o agencia en la que trabajan, deben notificar al responsable jurídico de la sociedad cada operación que hagan -ellos o sus familiares directos- y ese responsable jurídico tiene poder de veto sobre la inversión o sobre el importe de la misma. Estas normas rigen para empleados, ejecutivos y consejeros.

Pero el problema no sólo afecta a los empleados de las sociedades de intermediación bursátil. Hace tres años, un escándalo sacudió, al poderoso Wall Street Journal. Su comentarista de bolsa calentaba títulos por la simple vía de asegurar el probable ascenso de su cotización. Tras dos años de achicharrar la mente febril de los inversores tras la quimera de una plusvalía que terminaba por pincharse en la mayoría de los casos, la perversión periodística fue detectada por la Securities and Exchange Commission de Nueva York. El periodista estaba vinculado a un grupo de especuladores que le cedían una parte de los beneficios que sacaban de ese calentamiento artificial.

El problema deontológico traspasa el marco estricto de los profesionales de la bolsa para tocar de lleno a la Prensa -escrita, oral y audiovisual-. En España se ha detectado desde hace algunos años el efecto de ciertas informaciones aparentemente irreprochables -por ejemplo, respecto a máximos de cotización en un momento dado-, pero que por su forma de presentación o el énfasis puesto en determinados valores provocaban una avalancha de órdenes de compra de inversionistas ocasionales e inexpertos, lo que a su vez empujaba la cotización aún más arriba. Esta circunstancia era aprovechada por los profesionales para realizar beneficios y dejar al incauto particular en un ciclo de baja.

Este cúmulo de cuerpos traslúcidos que intervienen perversamente en la formación del precio de una acción, y que incurren en figuras delictivas desde que el delito ha sido nombrado como tal por la ley de Reforma del Mercado de Valores, no pondrá las cosas fáciles a la CNMV y a la Administración, a la de justicia en particular.