Castigados

Mazowiecki, los indecorosos ancianos chinos y Felipe González coinciden en ponderar las virtudes de la economía de mercado. Asistimos a la consagración de la iniciativa privada. Lo que no está claro es que el poder acepte la iniciativa privada cuando ésta carece de ánimo de lucro. La codicia es respetable; la acción popular, ya sea judicial o cultural, sigue sin serlo. El Gobierno español ha decidido destrozar la iniciativa de 100.000 ciudadanos y 100 ayuntamientos valencianos que aportaron 400 millones de pesetas para que TV-3 pudiera ser vista en la Comunidad Valenciana. Se concede a Televisión Valenciana la frecuencia que tenía TV-3. Los valencianos, para ver su propia televisión, han de renunciar a ver la catalana. Los catalanes ven frustrada la posibilidad de recibir las emisiones valencianas. El poder central usurpa la universalidad relegando a las nacionalidades minoritarias a la pura particularidad, al gueto. Para hablar desde Xàtiva con Lleida públicamente hay que pasar por Madrid y traducir. Se crea la insidiosa sospecha de que la autonomía son sólo migajas que hay que disputarse con otra autonomía. Se establece el significativo principio de que emisiones en la lengua oficial se pueden tener varias, pero en la propia sólo una. Se aplasta una iniciativa social.Va a ser difícil convencer a los valencianos de que renuncien al hábito de considerar la oferta de TV-3. Toda reducción de oferta televisiva es siempre impopular. Los valencianos, acostumbrados a esperar muy poco del poder central, se rascaron sus bolsillos y financiaron la infraestructura de reemisión de TV-3 a través de Acció Cultural del País, Valencià, una entidad no lucrativa. Ciertamente, no podemos competir en filantropía pictórica con el barón Thyssen, pero el hecho de que, a diferencia de él, no pretendamos ganar más dinero, vendiendo petróleo o colocando maquinaria agrícola holandesa, no debiera sernos tan duramente reprochado.