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La fiscalía de la URSS hace oídos sordos al Parlamento sobre la 'mafia uzbeka'

"La fiscalía de la URSS no reconoce hasta el día de hoy que el Congreso de los Diputados del Pueblo es el poder supremo en nuestro país" declaró Igor Sorokin, presidente suplente de la comisión parlamentaria que investiga la actividad que llevó a cabo contra la mafia uzbeka el grupo encabezado por los fiscales Telman Gdlian y Nikolai Ivanov. Ambos desempeñaron un papel determinante en el desenmascaramiento de una red de corrupción que iba desde los dirigentes uzbekos hasta altos funcionarios soviéticos, como Yuri Churbanov, yerno de Leonid Breznev y ex viceministro del Interior.

Después de que Ivanov dijera por la televisión de Leningrado que Egor Ligachov, miembro del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), estaba implicado en el caso de corrupción, ambos fiscales fueron separados de la investigación y contra ellos se abrió una causa en la fiscalía por presuntos abusos contra los acusados. Cuando Gdlian e Ivanov fueron elegidos diputados del pueblo de la URSS, el Congreso decidió formar una comisión para investigar tanto las acusaciones contra los fiscales como los materiales del caso que les fue arrebatado.Sorokin reconoció que la comisión que provisionalmente preside tiene muchas dificultades debido a que la fiscalía soviética trata de obstruir sus labores. "Siguen negándose a darnos los materiales de las causas instruidas contra el ex presidente uzbeko Akil Salímov, contra el ex primer secretario de la provincia de Samarcanda Nazir Radzhábov y otras personas", escribe el diputado Sorokin en el semanario Argumenti i Fakti, respondiendo a la pregunta de una lectora.

Sorokin se queja de que Alexandr Sbóiev, el jefe del departamento de investigaciones de la fiscalía, dicta sus condiciones a la comisión y trata de imponer su opinión personal con respecto al grupo de Gdlian.

"Más de tres semanas han transcurrido ya desde que en la sesión de Soviet Supremo la comisión manifestó, entre otras cosas, que se debe cerrar la causa criminal que en la fiscalía de la URSS se sigue contra el grupo de Gdlian y entregar todos los materiales a la comisión; que se debe reanudar la causa contra Víctor Smirnov, el ex segundo secretario del partido comunista de Moldavia. No obstante, la fiscalía ha hecho oídos sordos", señala Sorokin.

Reacción en el Báltico

Por otra parte, en las repúblicas soviéticas del Báltico ha despertado sorpresa y temor la declaración hecha pública el sábado por el Comité Central del Partido Comunista de la URSS (PCUS), que contiene advertencias y amenazas a los independentistas de Lituania, Letonia y Estonia."No comprendemos por qué la reacción de Moscú ha sido tan dura", expresó por teléfono a este periódico, en perfecto español, Mart Tarmak, director del periódico del Frente Popular estonio. "Es posible que deseen introducir tropas o cambiar al primer secretario del partido comunista, pero es difícil. La situación es tranquila, no como en Karabaj, y ahora el primer secretario es elegido", manifestó Tarmak, que es responsable del departamento de Asuntos Exteriores del Frente Popular. El portavoz opinó que debían seguir por el camino elegido. "Queremos tener el derecho a resolver nuestros problemas y la soberanía real, no solo en el papel", concluyó.

"Se está llevando a cabo una burda falsificación", declaró en conversación teléfonica Antanas Burac, miembro del Consejo de Sajudis, el movimiento lituano en apoyo de la perestroika. "Pravda publica facsímiles de unos documentos y firmas de otros" acusó Burac, explicando que el órgano del PCUS se niega a publicar los desmentidos.

Mientras tanto, en Kishiniov, capital de Moldavia, unas 300.000 personas participaron el domingo en una manifestación en apoyo a que su idioma sea declarado oficial en la próxima sesión del Soviet Supremo de la república, que se abre mañana. El mitin, convocado por el Frente Popular moldavo, se realizó pese a las advertencias del PCUS.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de agosto de 1989