El mecanismo

EN EL proceso cuyo desenlace es el adelantamiento de las elecciones legislativas, todo, susurros y silencios incluidos, parece estar calculado al detalle. En resumen, la cosa se plantea así: se insinúa que tal vez; como ello supone dar marcha atrás respecto a reiteradas declaraciones en sentido contrario, se cuida de evitar cualquier estridencia: tal vez, aunque no es seguro. Simplemente, no está descartado. La ambigüedad calculada hace que todas las especulaciones se desaten. Frente a esa confusión, tan sólo el Ejecutivo parece conservar la calma. Desde diversos frentes, y siempre de acuerdo con los intereses de quien emite el mensaje, surgen voces contradictorias sobre si sería conveniente o no, y qué razones avalarían cada una de las hipótesis. Cuando el ruido se hace ensordecedor, alguien adelanta el argumento decisivo: lo peor es la incertidumbre; la economía no puede soportar por más tiempo la indefinición; tampoco es conveniente para la estabilidad política; la Administración está paralizada porque nadie sabe qué puede pasar. Así no podemos seguir. Luego hay que adelantar. Es entonces cuando la voz de Alfonso Guerra se eleva para proclamar que, puesto que todos lo quieren, no va a haber más remedio que complacer al respetable.El mecanismo tiene trampa, porque todos esos males atribuidos a la incertidumbre no han surgido por generación espontánea, sino como consecuencia de los mensajes susurrados donde y cuando podían fructificar. Pero para que funcione se necesita cierta complicidad de la oposición. Por una parte, un arraigado prejuicio ha convencido a los políticos de que aparentar euforia tiene efectos euforizantes: nadie está preocupado, quién dijo miedo, por nosotros, mañana mismo. De otra, cuando el debate tiende a racionalizarse, cada cual se pronuncia en función de intereses tan partidistas como los que orientan la eventual decisión presidencial. Izquierda Unida es partidaria de adelantar porque el Gobierno "quedó deslegitimado el 14 de diciembre"; por eso y porque fue la única fuerza de la oposición que experimentó un ascenso en las elecciones europeas. También el CDS consideró en diciembre que lo mejor era ir a unas elecciones adelantadas, en las que esperaba recoger los frutos de su desinteresado apoyo a la clase obrera y pueblo en general; pero después de la ducha escocesa de junio, su secretario general descubre ahora que se trata de una maniobra interesada de González. En fin, el PP no le teme a nada y respeta la decisión presidencial, cualquiera que ésta sea, pero no ve razones objetivas que justifiquen el adelantamiento, aunque contemplaría con agrado una coincidencia con las gallegas.

El caso es, sin embargo, que cabría considerar el asunto desde otros puntos de vista. Los intereses de la población, por ejemplo, incluyendo el interés en afianzar la estabilidad de las instituciones democráticas. Y, desde tal perspectiva, sólo graves problemas de gobernabilidad, o de inestabilidad social, justificarían modificar los plazos previamente establecidos. Pero nada de eso aparece en el horizonte. Desde esa misma perspectiva, la posibilidad de hacer coincidir varias citas electorales sería una medida razonable. Pero el acuerdo general sobre ese principio se quiebra en cuanto el asunto se contempla desde las expectativas electorales de cada cual. Particularmente impresentable parece, a ese respecto, la intransigencia de González Laxe. En Galicia, donde el escaso arraigo de las instituciones se traduce en elevados índices de abstención, ningún esfuerzo debería ahorrarse para estimular una mayor participación. Aunque si de concentrar se trata, y el presidente González dispone de la facultad de disolución de que carece la Xunta, lo lógico sería que fueran las legislativas las que se hicieran coincidir con las gallegas, y no al revés.