Un informe oficial asegura que las propinas a patrulIeras marroquíes son una práctica tradicional
Un informe de la Inspección de Trabajo de Cádiz, levantado tras una denuncia de UGT contra el armador del buque Madre de la Paz, con base en El Puerto de Santa María, asegura que las " cantidades abonadas [por dicho barco] a Marruecos para conocer el movimiento de las lanchas patrulleras" constituyen una práctica tradicional. El acta tiene el visto bueno del jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, Fernando Balén, según el cual se trata de un tema "vidrioso" que deben resolver las autoridades de Pesca.
"No lo aprobamos, pero así está el sector pesquero" dijo Fernando Balén a EL PAÍS . El informe de la inspección analiza el concepto de "ayuda de pesca", usado, al menos en este caso, para definir esos pagos.El documento dice, en su punto 4): "En lo concerniente al concepto de Ayuda de Pesca, ésta se refiere a las cantidades abonadas a Marruecos para conocer el movimiento de las lanchas patrulleras. Es una cantidad tradicionalmente abonada en interés conjunto de la empresa y tripulación".
El acta está firmada el. 9 de junio por el inspector Juan Ramón Bres. La denuncia de UGT se presentó tras un. conflicto laboral en el arrastrero Madre de la Paz, con base en El Puerto de Santa María, debido a deficiencias de seguridad en el buque, que terminó con el despido del maquinista José Luis Gala.
Jesús Campoy, dirigente de UGT de Pesca, para quien es "asombroso" que un inspector de Trabajo avale ese informe, asegura que "es un hecho conocido que los barcos de Cádiz y Huelva que faenan en caladeros marroquíes pagan esas cantidades para poder pescar".
Pedro Arruza, subdirector general de Ordenación Económica Pesquera, negó que se trate de: una práctica habitual: "Si fuera así no habría apresamientos, y en lo que va de año ya ha habido 70", dijo. Arruza admitió la posibilidad de que en el pasado, "en épocas más conflictivas haya ocurrido, pero no ahora, ni como un hecho generalizado". Según el registro del propio Ministerio de Agricultura confirmó a EL PAÍS, el buque arrastrero tiene autorización para faenar a 40 grados y 30 minutos al norte de cabo Nun.
Monte mayor
El informe de la Inspección de Trabajo tampoco objeta la inclusión de una serie de gastos no autorizados por la ley en el llamado monte mayor, que se forma con los ingresos globales, producto de las capturas, en los barcos que van "a la parte". En ese sistema, una parte -generalmente el 50% o 55%-, es para el armador y el resto se reparte entre la tripulación. La ley precisa los gastos que se pueden imputar al monte mayor, es decir, antes del reparto, y cuáles son a cargo del armador.UGT presentó una denuncia -que recoge la revista El Mar en su número de julio-agosto-, que incluye todos los conceptos ilegalmente imputados al monte mayor, entre ellos las "cantidades abonadas a Marruecos" bajo el concepto de Ayudas de Pesca. "Es decir, no sólo es que se paguen sobornos, sino que los trabajadores tienen que compartir su coste", apostilla Campoy.
Sobre los gastos de Seguridad Social de marzo de 1989, también cargados a la cantidad global, el documento sólo hace unas precisiones contables, pese a que la Ordenanza de Arrastre al Fresco, de 1976, prohíbe explícitamente que se carguen al monte mayor estas cantidades, que deben ir a cargo del armador y a las de los trabajadores, una vez dividido el monte mayor. Por otra parte, el artículo 69 de la Ley de Seguridad Social declara nulo cualquier pacto individual o colectivo por el que el trabajador asuma gastos que no le corresponden.
Los hechos demuestran una vez más, para Jesús Campoy, "que las competencias sobre el mar no pueden seguir dispersas en varias administraciones, y que la Inspección de Trabajo marítimo debe ser un cuerpo específico", por las complejas condiciones de trabajo de los trabajadores del mar.
Según Fernando Balén, que precisó que el informe no es definitivo, los convenios colectivos suelen incluir ciertos gastos en el llamado Canon de Pesca, que se imputa al monte mayor, " y eso lo pactan los sindicatos". "Es ahí donde pueden caber ese tipo de pagos". "Yo no puedo aprobar eso, pero se trata de convenios, y los aspectos legales deben resolverse por la vía jurisdiccional", dijo el jefe de la Inspección de Trabajo, que añadió: "Eso se viene haciendo en Cádiz, y si no se hace, no se pesca, porque la flota faena en aguas marroquíes, que es donde está el pescado".
Entierro de un pescador
Por otra parte, a primera hora de la tarde de ayer fue enterrado en La Línea de la Concepción (Cádiz) el pescador Tomás Gómez Herrero, que resultó muerto el pasado día 17 durante el ametrallamiento que sufrió la barcaza Mi Esperanza por parte de una patrullera marroquí, informa Diego Narváez desde Sevilla.La barcaza Mi Esperanza se encontraba faenando de manera ilegal en aguas de Marruecos cuando fue ametrallada. En el ataque también fue herido el marinero Juan Rodríguez Sedeño. Un tercer tripulante, Juan Antonio Rico, resultó ileso. Al principio, Marruecos acusó a los pescadores españoles de tráfico de droga, alegando que al ser detenidos lanzaron unos paquetes por la borda y que en el barco no había artes de pesca.
Los dos supervivientes han negado siempre esta acusación, aunque reconocen que se encontraban en aguas marroquíes sin licencia y pescando almejas, especie en veda actualmente. Finalmente, los cargos de la fiscalía marroquí contra Rico, juzgado el jueves en Tetuán, han sido pesca furtiva e intento de entrada ilegal en Marruecos. Rodríguez Sedeño continua ingresado en un hospital de Tánger a la espera de ser juzgado.
