El final de un monopolio

EL FINAL del monopolio público televisivo en España comenzó ayer: el Consejo de Ministros decidió los nombres de los concesionarios de las tres nuevas redes privadas. Antena 3, Telecinco y Canal Plus tienen la obligación de emitir a pleno rendimiento, todo lo más, dentro de siete meses. Pero tampoco en esta ocasión se celebrarán unas elecciones generales bajo el signo de la pluralidad televisiva.Los agraciados por la decisión gubernamental -entre los que se encuentra una empresa, Canal Plus, participada al 25% por la sociedad editora de EL PAÍS- han mostrado su satisfacción, como es lógico. Los excluidos se sienten, también lógicamente, defraudados. Y uno de ellos, Univisión -participada al 25% por el grupo de prensa Zeta-, ha anunciado recursos contra la decisión gubernamental. Por encima del agrado de unos y el disgusto de otros, lo cierto es que todos se han visto abocados a competir en un marco legal restrictivo y que constituye una carrera de obstáculos para los aspirantes, primero, y para los que han obtenido la concesión, después: reducción a no más de tres canales privados; concesión por plazo determinado -10 años- de la utilización de una red que sigue siendo gestionada por el Gobierno; límites a la participación del capital; fijación de cuotas para la emisión de producciones extranjeras; determinación de los espacios destinados a la publicidad; obligatoriedad de emitir para una determinada extensión territorial con el objeto de impedir la formación de televisiones locales o regionales, etcétera. Con el agravante de que, además, permanecen dos varas de medir; la televisión pública, que es tan comercial o más que la privada, y que Se nutre también de los Presupuestos del Estado o de las comunidades autónomas, sigue estando regida por una legislación distinta en la que no se establecen las mismas limitaciones.

Estos límites no empecen el reconocimiento de que ha sido finalmente este Gobierno -y no los anteriores de Suárez o Calvo Sotelo, ni mucho menos los de la dictadura- quien ha sacado a la luz las concesiones privadas de televisión. Ello constituye un avance indudable en el panorama informativo y en la pluralidad de medios de comunicación en España: una contribución a la modernización social, a la democracia política y a la participación de un mayor número de ciudadanos. Para hacerlo, el PSOE ha tenido que renunciar a posiciones de rígido doginatismo que lucían en sus primeros programas electorales. El avance tecnológico habido en el campo de las comunicaciones y el papel preponderante que han pasado a desempeñar el derecho a la información y la libertad de expresión en las sociedades democráticas han obligado a los poderes públicos a una profunda revisión de sus criterios respecto de la televisión. Esto ha sucedido especialmente en los países europeos, en los que el control estatalista y la exclusiva gestión pública ejercidos desde el principio han saltado hechos trizas. Las exigencias de la opinión estaBan además contra el monopolio. Los socialistas españoles, aferrados a un desfasado concepto de la televisión como servicio público, han sabido no obstante buscar caminos -por estrechos que resulten- que mejoren la pluralidad de la oferta y aumenten la independencia de la misma.

La cadena participada y gestionada por el grupo PRISA, Canal Plus, ha escogido la modalidad de servicio mixto, con tiempos de emisión codificados, a los que tendrán acceso únicamente sus abonados, y otros abiertos a toda la audiencia. Este tipo de televisión, basada en la experiencia de Canal Plus de Francia, está teniendo un éxito sin precedentes en el panorama televisivo mundial; su carácter mixto hace que se reduzcan considerablemente los riesgos financieros y que el mercado publicitario no se vea tan castigado por la-áparición de nuevas cadenas. Pero, además, la presencia de Canal Plus en España -después de Francia, Bélgica y probablemente la República Federal de Alemania- incide en la construcción de un verdadero canal de televisión europeo. Se trata de una contribución, al espacio audiovisual de la Europa sin fronteras. Con vistas al 1 de enero de 1993, cuando el mercado único sea una realidad, es imprescindible que España cuente con grupos de comunicación independientes y solventes que eviten la colonización absoluta de la industria cultural de nuestro país y maticen, cuando menos, la hasta ahora irresistible penetración de los gigantescos conglomerados multinacionales.

PRISA ha acudido a la televisión con los mismos criterios de independencia, rigor intelectual y moral y profesionalidad que rigen en los otros medios de comunicación en que está presente, comenzando por EL PAÍS. Las tres sociedades que han obtenido la concesión están avaladas por grupos y empresas no sólo con probada solvencia financiera sino, sobre todo, con una larga trayectoria a sus espaldas de servicio a la comunidad y de ejercicio profesional. Son de ideología diversa y contribuirán con ello a potenciar el pluralismo de opiniones en nuestro país. Por eso es de lamentar la actitud irascible de uno de los perdedores en el concurso, que, en nota hecha pública, ha acusado de diversos delitos al Gobierno -fraude de ley y prevaricación, entre ellos-, asegurando que interesesparticulares de algunos ministros se habían involucrado en el régimen de concesiones. Nos preguntamos si no estamos ante los resultados del amarillismo creciente en sectores de la Prensa española. Lanzar sin ninguna prueba acusaciones de ese género -que implican al Gobierno y a los concesionarios- supone ejercitar la calumnia y la difamación. Cosas así recuerdan al jugador que, cuando pierde, tira la mesa por los aires y acusa de trampas a los demás. Es urgente saber si todos los socios de Univisión participan de ese gesto. Pero no podría encontrar el Gobierno mejor explicación de su decisión de negarle un medio de comunicación tan sensible a quien con tanta ligereza se comporta.

El monopolio ha tocado su fin. La libertad televisiva merece desde luego horizontes más amplios que la estricta concesión de tres canales. Y la libertad a secas merece también un esfuerzo de todos por no invadir la libertad del otro a la hora de defender la propia. Lección que todavía tenemos pendiente la Prensa y los medios de la España de la democracia.