La Confederación Española de Cajas de Ahorro se acoge a la ley de planes y fondos de pensiones

La CECA ha decidido comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda, su intención de acoger su plantilla a la ley sobre planes y fondos de pensiones, convirtiendo así su actual sistema interno a uno externo. La decisión se produce tras salvar las discrepancias que frustraron la primera reunión, celebrada el pasado 4 de julio. Las entidades de ahorro consideraban entonces que con el nuevo sistema de fondos de pensiones salían perdiendo las cajas que habían hecho un mayor esfuerzo en dotaciones a los fondos de pensiones internos. La decisión de la CECA no obliga para nada a las cajas.

La decisión afecta al fondo interno de pensiones que aplicaba la CECA a su plantilla y se produce tres días antes de que venciera el plazo de tres meses dado por Hacienda para comunicar su intención de acogerse o no a la ley de planes y fondos de pensiones, aprobada en septiembre de 1988. De ahora hasta el 3 de noviembre próximo, la CECA tiene plazo para iniciar el proceso de convocatoria de elección de la comisión promotora. Para ese momento deberá haber entregado un plan que regule las pensiones de toda la plantilla y un dictamen actuarial que lo respalde. Y un año después deberán estar ya formalizados todos los planes de los promotores que se acojan a la ley.Según el comunicado dado ayer por la CECA al finalizar la junta extraordinaria del consejo de administración, presidido por José Juan Pintó Ruiz, el acuerdo sólo afecta a la plantilla de la entidad. Cada una de las 77 cajas reunidas en la CECA son "plenamente independientes para elegir su propio sistema de pensiones".

La decisión adoptada ayer por la confederación servirá de pauta para el conjunto de las cajas, si bien una gran mayoría, principalmente las más pequeñas, en vista de adelantarse a cualquiera de las opciones que se hubiese tornado, ya tenía tomada la decisión de acogerse a la ley y lo había comunicado a Hacienda.

A las entidades que tienen ahora capacidad para cubrir las pensiones de su plantilla -las cajas de ahorro, los bancos y algunas empresas públicas y privadas además de mutualidades y las fundaciones laborales-, el acogerse al régimen externo y renunciar al actual sistema, es decir el régimen interno, les supondrá poder deducir del impuesto de sociedades las aportaciones realizadas por la entidad promotora al fondo, y dar entrada a la gestión de estos fondos a los representantes de los trabajadores.

Discrepancias

La reunión de ayer es la segunda que realiza la CECA sobre el tema. La primera se llevó a cabo el día 4 de julio y se decidió dar un plazo de reflexión; en ese momento las opiniones se dividieron en casi igual proporción sobre la conveniencia de adoptar o no el régimen externo. La oposición estaba encabezada principalmente por las cajas de mayor dimensión, La Caixa y Cajamadrid esencialmente, pues consideraban que al adoptar el sistema en cuestión saldrían perdiendo las cajas que han hecho un mayor esfuerzo para incrementar sus dotaciones a los fondos propios. Es más, opinaban que lo que no pudiesen deducir lo ganarían por la inversión del capital de los fondos internos. Sin embargo, la ley establece que el que se acoja deberá tener el 90% de los activos del fondo invertidos en valores contratados en bolsa, depósitos bancarios, créditos con garantía hipotecaria e inmuebles.El ministro de Economía, Carlos Solchaga, en su discurso de clausura de la asamblea anual de la CECA el pasado 22 de junio, animó al conjunto de las cajas a que "apuesten decididamente por los fondos de pensiones frente a la tradicional opción de los fondos internos". Las cajas partidarias a los planes internos dan a entender de que el régimen recogido en la ley de planes y fondos es un "agravio" para las que se encuentran mejor dotadas, (la contribución a los planes de pensión de las cajas de ahorros se estima aproximadamente en medio billón de pesetas). Por otra parte, los empleados de las cajas con régimen interno se encuentran en situación privilegiada en lo que a fondos de pensiones se refiere, pues sus sistemas cubren a los empleados anteriores a 1986, al ciento por ciento de su último salario con revalorización.

Otro de los problemas planteados al acogerse a la ley es determinar qué volumen de fondos tienen que estar cubiertos en el momento de transformarlos en externos. "Economía estipula que no podrá utilizarse un tipo de interés superior al 6% ni un diferencial entre inflación y tipo de interés técnico superior a tres puntos". La valoración deberá tomar como base los compromisos adquiridos conforme, al convenio colectivo.