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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El objetivo penitenciario

EL COBARDE asesinato de la madre de un funcionario de prisiones -perpetrado a distancia y capciosamente mediante el envío de una bomba camuflada en el correo dirigido a su hijo- constituye hasta ahora la acción más repugnante de cuantas viene realizando ETA desde hace algún tiempo con el exclusivo fin de doblegar a la institución penitenciaria y debilitar la voluntad de sus miembros -12.000 funcionarios y sus familias- en el cumplimiento de la nueva política diseñada por el Gobierno de la nación para el tratamiento de los 500 integrantes de la organización terrorista recluidos en las prisiones españolas.Este atentado en nada desmerece de lo que son los métodos de ETA, de su lógica, de su moral. En él son perceptibles la actitud traicionera que caracteriza el proceder de la organización terrorista, su absoluto desprecio por la vida y la inseparable presencia de la muerte en todo cuanto hace y toca, su estrategia de provocación -a veces, indiscriminada; otras, selectiva-, que busca la exasperación tanto de la población en general como de sectores cualificados del aparato del Estado. En todo caso, este atentado muestra la deliberada intención de ETA de expandir el miedo y la alarma a un nuevo y pacífico colectivo de ciudadanos: los familiares de los funcionarios de prisiones. El hecho de que el destinatario personal del paquete bomba se haya librado de la muerte y haya sido su madre la víctima es irrelevante para el objetivo de los terroristas: sembrar la alarma en la sociedad y hacerle sentir su amenaza.

Es obvio que ETA no va a conseguir sus pretensiones en lo que se refiere al colectivo funcionarial de prisiones, y que éste, como ya se puso de manifiesto en el comunicado que siguió al atentado terrorista perpetrado en mayo pasado frente a la cárcel de Alcalá-Meco, del que por puro milagro logró escapar con vida uno de sus funcionarios, "no caerá en la provocación terrorista y responderá a estos hechos con el cumplimiento riguroso del mandato constitucional que tiene asignado". Sin embargo, no hay que desconocer que la actual política penitenciaria de dispersión geográfica y de tratamiento individualizado de los presos de ETA destruye el condicionamiento material -concentración y organización- que facilitaba a la dirección de la banda terrorista su dominio sobre ellos. Lo que ha constituido durante años la principal bandera de la organización terrorista: sus propios Presos, amenaza con convertirse en un factor de disgregación interna. Y ETA va a intentar por todos los medios que ello no sea así. La vía elegida para ello es debilitar la moral de los funcionarios penitenciarios, exasperarles, provocar reacciones pasionales entre ellos y, sobre todo, inducirles a poner en cuestión la política de reinserción. El método ya se ve cuál es: hacerles sentir el miedo y la amenaza.

Desde la perspectiva penitenciaria, la decisión del Gobierno de dispersar a los presos de ETA en los centros carcelarios de todo el país y mezclarlos con los internos comunes no puede ser, teóricamente al menos, más correcta. Sin embargo, la innegable diferenciación entre unos y otros presos puede plantear graves problemas de convivencia, además de multiplicar los de seguridad. Cuando los sindicatos de prisiones reclaman mayores medidas de seguridad en las cárceles en las que han sido confinados presos de ETA, tienen toda la razón. La presencia de reclusos de la organización terrorista supone un riesgo real, ante el que hay que prevenirse con todos los medios. La banda ETA va a intentar con los suyos -el último atentado es una muestra- que sus presos no se le escapen de las manos y que sigan sometidos a su disciplina. Nada de beneficios penitenciarios, de progresión en grados de tratamiento, de reinserción, es decir, de todo lo que pueda ser antesala de un definitivo alejamiento de la organización. A nadie se le escapa el papel que cabe a los funcionarios de prisiones en el fracaso de esta estrategia de ETA. Pero el Gobierno está obligado a hacer cuanto esté en sus manos para que se sientan seguros en el desempeño de sus funciones.

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