El Ministerio de Sanidad emprenderá una campaña contra el consumo de cocaína y opiáceos

El Ministerio de Sanidad emprenderá una campaña contra el consumo de cocaína, "porque supone un riesgo cierto, según informes médicos fiables, de provocar enfermedades mentales y cardiovasculares que incluso pueden desembocar en la muerte", según explicó ayer el ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas, en el acto de presentación de la memoria del Plan Nacional sobre Drogas referida a 1988. Durante el año pasado, 16.880 drogodependientes comenzaron tratamiento ambulatorio por consumo de opiáceos y cocaína en las diferentes comunidades autónomas.

El plan presentará especial atención en los próximos dos años a la prevención del uso de cocaína, programas destinados a menores y asistencia y reinserción de los drogodependientes. "Hay que romper el estereotipo de que la cocaína es una droga limpia y asentada entre las clases de mayor poder económico, frente a la heroína, que sería, según el mismo estereotipo, la droga de las clases marginales. Desde luego, el ministerio se va a ocupar de informar a los ciudadanos sobre los efectos de la cocaína, y la sociedad entera debería movilizarse ante este problema", dijo el ministro.De acuerdo con los datos que figuran en la memoria del Plan Nacional sobre Drogas, en el último año se ha producido un estancamiento de la heroína, pero ha aumentado ligeramente el consumo de cocaína, especialmente en sectores de menor renta. Aun así, la droga principal por la que los drogodependientes comienzan el tratamiento sigue siendo la heroína. Tanto en 1987 como en 1988, el 97,1% de quienes comenzaron un tratamiento desintoxicador eran adictos a la heroína, mientras que tomaban cocaína el 1,7% de los que comenzaron un tratamiento en 1987 y el 1,9% en 1989.

La importancia del consumo de cocaína viene determinada también por el número de casos que comenzaron un tratamiento ambulatorio por consumo de opiáceos y cocaína en todo el territorio nacional, y que se eleva a 16.880, lo que equivale a una tasa de 4,34 por 10.000 habitantes. Cataluña ocupa el primer puesto, con 3.130 casos, seguida de Andalucía, con 2.623; Madrid, con 2.593; País Vasco, con 1.751; Comunidad Valenciana, con 1.238, y Galicia, con 1.060 casos. Estas cifras no equivalen a los casos reales de drogodependencias, puesto que muchos de los toxicómanos no declaran su condición.

En los tres últimos años, tiempo que lleva funcionando el Plan Nacional sobre Drogas, se han producido en España 655 fallecimientos relacionados con el consumo de drogas.

También aumentó la antigüedad en el consumo: en 1987 fue de 5,1 años, y en 1988, de 5,7 años. Por otra parte, apenas ha habido variaciones según el sexo. En 1987, el 80,5% de consumidores eran varones, y el 19,5%, mujeres, mientras que en 1988 el 81,5% eran varones, y el 18,9%, mujeres. Otra de las claves de la lucha contra el consumo de drogas ha sido la acción represiva. En 1988 aumentaron las detenciones efectuadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: 27.920, frente a 25.545 en 1987, 19.203 en 1986 y 12.863 en 1985.

Incautaciones

Las cantidades de droga aprehendidas en 1988 fueron de 470 kilos de heroína (un 14% más que el año anterior), 3.471 kilos de cocaína (un 206% más que el año anterior) y 90.940 kilos de hachís (un 54% más que el año anterior). El 90% de la cantidad de droga decomisada fue aprehendida a un 5% o 6% de los traficantes, según García Vargas.

La Administración central y las comunidades autónomas invirtieron el año pasado 11.080.922.751 pesetas en el ámbito de las drogodependencias. El coste medio de la rehabilitación de un toxicómano al año en comunidades terapéuticas ha sido de 1,1 millones de pesetas.

Para el ministro de Sanidad, las actuaciones más importantes que ha hecho el Plan Nacional sobre Drogas se refieren a la ampliación de la cooperación internacional, el incremento de los servicios asistenciales (se ha pasado de 112 centros ambulatorios en 1985 a 325 en 1988, y de 50 comunidades terapéuticas en 1985 a 120 en 1988) y la reforma del Código Penal, que permite, por una parte, ampliar las penas para los traficantes, y por otra, cumplir condena a los drogodependientes fuera del centro penitenciario.