España estudia con la CE la supresión del trámite gubernativo en los procesos de extradición

El Gobierno analiza con sus socios de la Comunidad Europea (CE) suprimir el trámite gubernativo en los procesos de extradición, según han señalado fuentes de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia. Esta medida supondrá que un magistrado español podrá solicitar a un juez de cualquier país de la CE la extradición de un delincuente (incluido el acusado de acciones terroristas) sin que medien los Gobiernos y sin que éstos puedan denegar la extradición Fuentes de Exteriores daban un plazo de cinco años para que esta medida sea efectiva, mientras en Justicia la fecha se fijaba en un vago "a largo plazo".

Fuentes de ambos departamentos señalaron que en la aceleración de los procedimientos de extradición va a "jugar un papel importante" el acuerdo suscrito el 26 de mayo pasado en San Sebastián entre nueve de los 12 países comunitarios (todos a excepción del Reino Unido, Irlanda y la República Federal de Alemania).El convenio entre los estados miembros de la CE relativo a la simplificación de los modos de transmisión de las solicitudes de extradición supondrá que el tiempo empleado en las peticiones de entrega se reduzca de cerca de los 40 días -máximo legal-, que actualmente se em plea, a cinco o 10, según señalaron fuentes de Justicia.

El convenio firmado en San Sebastián supone otorgar ca rácter legal a las documentaciones de extradición que se tramitan por medios modernos de comunicación como el telefax, mediante unas claves que garanticen la autenticidad de lo enviado. Funtes de Justicia consideran que en el plazo de un año, cuando los diferentes países lo ratifiquen en sus respectivos Parlamentos, estos medios puedan ser utilizados al menos en nueve países de la CE, a la espera de que los otros tres se adhieran.

La utilización del teléfax permitirá suplir la tradicional vía diplomática para la tramitación de la documentación necesaria para las peticiones de entrega de un perseguido. Actualmente, los procesos de extradición se inician a petición de un juez que envía, a través de Interpol, una orden internacional de busca y captura. De prosperar -es decir, si efectivamente se captura al delincuente-, sólo supondrá el origen de un largo proceso jurídico y administrativo. A partir de que el país remitente confirme la detención del perseguido, el juez habrá de solicitar al Ministerio de Justicia que tramite la petición de extradición y para ello deberá entegar a este departamento toda la documentación necesaria (la petición, la fundamentación y los textos legales).

"Complejo sistema"

El Ministerio de Justicia, aunque puede formular directamente al departamento homólogo del otro país la petición, normalmente lo tramitará por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Justicia recurre a este paso administrativo para que la documentación sea traducida al idioma del país enviado.

Una vez que Exteriores o Justicia envía la solicitud con toda la documentación precisa, el Gobierno requerido decide si abre el proceso de extradición y remite el asunto a los tribunales de Justicia, que habrán de pronunciarse, aunque la última palabra la volverá a tener el Gobierno requerido.

Este "complejo sistema", a juicio de las fuentes consultadas, quedará aún más obsoleto con la supresión de las fronteras, prevista para el 1 de enero de 1993, cuando entre en vigor el Acta única europea.

Por ello, en los distintos foros de la CE, donde se negocia el proceso integrador, se pretende suplir estas -deficiencias con medios modernos de transmisión de solicitudes y además con la supresión de los trámites gubernativos, lo que permitirá la comunicación y decisión directa de los jueces. Este último aspecto crea aún más recelos entre algunos países por la evidente "limitación de soberanía" que supone para los ejecutivos de los diferentes socios comunitarios.Otros problemas persisten aún antes de que las extradiciones sean una materia exclusivamente judicial. Entre ellos el hecho de que al Convenio Europeo de Extradición, marco jurídico para las entregas, aún no se han adherido el Reino Unido, Portugal y Bélgica, por la existencia de problemas legales internos.

En cuanto al aspecto concreto del terrorismo, en el que el Gobierno español tiene un especial interés, se suma otra dificultad: el convenio europeo excluye los delitos políticos. Sin embargo, el protocolo de 1977 contra la represión del terrorismo, adjuntado al Convenio de Extradición, excluye de la consideración de delito político los atentados y secuestros contra las personas, así como la utilización de bombas y material explosivo. Este protocolo ha sido ratificiado por todos los países firmantes del Convenio, a excepción de Irlanda.

El proceso negociador entre los países* de la CE para alcanzar agilizar los procesos de extradición y limitarlos a una decisión interna entre jueces supone una respuesta al reto de la apertura fronteriza, prevista para 1993 entre los todos los países comunitarios. Por ello,tanto en el departamento de Francisco Fernández Ordóñez, como en el de Enrique Múgica, se considera que tal situación no debe alargarse excesivamente. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluso, se da la cifra de cinco años.

Espacio jurídico

En la última reunión del Grupo de Trevi, que reune a los responsables de la seguridad de la CE, celebrada en Madrid y bajo presidencia española, la delegación española insistió a sus socios en la conveniencia de intensiticar los trabajos de cara a crear un espacio jurídico europeo y los consiguientes mecanismos de colaboración judicial.

El reciente caso de Eloy Uriarte Díaz de Guereño, conocido como Señor Robles, responsable de las Finanzas de ETA, que fue detenido en Bayona el 11 de julio pasado y puesto en libertad días después, antes de que se cursase desde España la petición de extradición, ha hecho sentir aún más en medíos gubernamentales la necesidad de conseguir que se pongan en práctica unos procesos de entrega de perseguidos más ágiles y efectivos.