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Las comunidades autónomas y el Gobierno coordinarán la política del juego

Las siete comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de juego y la Comisión Nacional del Juego han decidido crear un órgano estable a través del cual se estructuren canales de cooperación y coordinación entre las diferentes políticas en este sector. Las características generales de este proyecto fueron debatidas en el transcurso de una reunión que los responsables del juego de las diferentes Administraciones celebraron en Madrid.

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Representantes de seis comunidades autónomas y el secretario técnico de la Comisión Nacional del Juego, Santiago Mendioroz, se reunieron el pasado 30 de junio en Madrid para tratar de coordinar algunos aspectos relativos a la política del juego. En el transcurso de esta reunión se trataron preferentemente dos temas; la homologación de las máquinas tragaperras y la coordinación de los diferentes reglamentos del sector y, en segundo lugar, la creación de un órgano estable, a través del cual se pueda coordinar las decisiones que sobre el juego adopten las diferentes comunidades autónomas y la propia Comisión Nacional.La coordinación y cooperación entre las diferentes políticas de juego de las comunidades autonómicas ha venido siendo uno de los principales objetivos de la actual Secretaria Técnica de la Comisión Nacional del Juego. Desde el pasado mes de septiembre, coincidiendo con el nombramiento de Santiago Mendioroz como responsable de este departamento, se han celebrado al menos siete reuniones para coordinar la política del juego con ámbito estatal, sin que ello signifique ningún tipo de control por parte de la administración central. La más importante de estas reuniones se celebró hace dos meses, en Olite (Navarra). Esta sesión de trabajo duró tres días.

Una de las principales conclusiones a las que han llegado por el momento los responsables de la política del juego es en la necesidad de controlar escrupulosamente el juego privado. Ello pondría fin al crecimiento anárquico en el que se ha encontrado sumido el sector en los últimos 10 años.

Un portavoz de la Comisión Nacional del Juego aseguró que los criterios que las diferentes administraciones tienen sobre la política del juego coinciden en líneas generales con los proyectos, impulsados -por el Ministerio del Interior, presidido por José Luis Corcuera, y gestionados desde la Comisión Nacional del Juego. Se ha detectado, sin embargo, en alguna comunidad criterios discrepantes, como por ejemplo en la Islas Baleares, donde el juego o está transferido. Un sector empresarial muy concreto de estas islas viene desde hace meses re¡ vindicando una política del juego totalmente diferente al impulsado en el resto del Estado. Este sector empresarial reclama la creación de un esquema de juego privado fraccionado, coordinado con las sociedades hoteleras. Se adoptaría así un diseño similar al desarrollado en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos Este proyecto se opone radical mente al esquema propugnado desde la CNJ, que pretende asemejarse al francés, caracterizado por una absoluta transparencia de las empresas del sector y un estricto control de la administración sobre el sector privado.

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En la agenda de la Comisión Nacional del Juego existen, sin embargo, algunos proyectos pendientes, que tienen carácter preferente, con respecto a la creación de este nuevo órgano de coordinación-cooperación administrativa. Entre los temas pendientes se encuentra un nuevo reglamento para las máquinas tragaperras, que quedará perfilado en la próxima reunión que celebre la Comisión Nacional del Juego. Este nuevo reglamento supondrá una disminución de la cuantía de los premios encadenados y mayor duración de las partidas, para disminuir la rentabilidad.-

El siguiente proyecto será la modificación del reglamento de casinos, con objeto de lograr mayor claridad empresarial, incremento de capitales sociales y fianza, reestructuración de loas trámites para renovar las licencias y establecimiento de controles de los sistemas de créditos.

El nuevo reglamento de bingos, en los que se adoptarán criterios similares a los propugnados en los casinos, y el desarrollo de una reglamentación específica sobre la publicidad del juego privado son los dos últimos proyectos pendientes.

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