La oposición critica el proyecto de ley de renta por favorecer a los más ricos y a los defraudadores

Todos los grupos de la oposición parlamentaria criticaron ayer duramente el proyecto de ley de adaptación del impuesto sobre la renta y el patrimonio para los ejercicios de 1988 y 1989 propuesto por el Gobierno. Aunque con matices, los representantes de la oposición coincidieron en señalar que la propuesta del Gobierno favorece a los contribuyentes de mayor capacidad económica y establece una prima al fraude al tratar mejor a quienes no han presentado nunca declaración de impuestos, frente a los que lo hicieron total o parcialmente. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, defendió el proyecto de ley del Gobierno como el más progresista y rechazó las acusaciones de inconstitucionalidad.

El Congreso de los Diputados debatió a lo largo de toda la jornada de ayer el proyecto de ley de renta y patrimonio por el procedimiento de lectura única. Todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad -que fueron rechazadas en votación- al texto del proyecto de ley propuesto por el Gobierno y dejaron entrever posibles recursos de inconstitucionalidad en el caso de que prospere en su redacción actual el texto objeto de debate. Tras su paso por el Congreso, el proyecto será remitido al Senado para volver otra vez a la Cámara Baja y quedar definitivamente aprobado antes del 31 de julio, según espera el Gobierno.El ministro de Economía, Carlos Solchaga, inició el debate con una defensa del texto aprobado por el Gobierno sobre la base de que se ajusta a los criterios marcados por la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 20 de febrero y por ser el más progresista que se puede admitir si no se quiere mermar en exceso la recaudación prevista. En una posterior intervención, el ministro admitió que el texto del Gobierno contiene desigualdades debido a la transformación brusca a que la sentencia ha obligado.

Carlos Solchaga afirmó que el proyecto de ley se ajusta a la necesidad de que nadie pague más con el nuevo impuesto de lo que hubiera tributado con la antigua norma.

También se ha pretendido, según el ministro de Economía, que la pérdida recaudatoria fuera coherente con las previsiones presupuestarlas, que fuera compatible con el objetivo de reducir la inflación, que preservase los principios de equidad y progresividad, y que mantuviese el trato actual para los que han defraudado y los que han cumplido con las obligaciones fiscales.

Patrimonio

Después de realizar una descripción del nuevo impuesto, el ministro Solchaga rechazó las posturas que propugnan el splitting "porque es regresivo y discriminatorio para el trabajo de la mujer". No descartó una reforma de este tipo para años próximos pero aclaró que él personalmente es contrario a esta fórmula. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, Solchaga defendió la propuesta de que sólo se permita la declaración individual y anunció la posibilidad de que los contribuyentes casados puedan presentar esta declaración en un solo impreso.

Concluyó diciendo que la tarea de adaptación a la sentencia del Tribunal Constitucional no ha sido "grata ni fácil", pero que el Gobierno ha intentado "dotar al proyecto de ley de la máxima solidez jurídica".

A continuación, el diputado del Grupo Popular, Juan García Margallo, criticó el proyecto de ley del Gobierno "por confuso, porque discrimina las rentas del trabajo frente a las matrimoniales, porque perjudica a la mayoría de las familias españolas que sólo tienen un ingreso y porque favorece a los defraudadores respecto a los buenos contribuyentes". Añadió que "si ustedes (por el Gobierno) no corrigen estos defectos, dentro de un año viviremos un caos fiscal como el de ahora".

La diputada del Centro Democrático y Social, Ana Yabar, hizo especial hincapié en la peor consideración que reciben los contribuyentes que han declarado todo o parte frente a los defraudadores. También criticó el diferente trato que el proyecto de ley del Gobierno da a las rentas, según sea su origen, lo que sería contrario a la normativa tributarla vigente. Señaló que su grupo defiende la lucha contra el fraude fiscal "pero desde la legalidad y sin atropellar el ordenamiento jurídico".

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Ramón Espasa, hizo una crítica global al sistema fiscal español que, en su opinión, "es uno de los más desequilibrados e injustos de Europa". En su opinión, en España, a juzgar por los impuestos que se pagan, "los ricos son los trabajadores y los pobres son los empresarios y profesionales".

Añadió, asimismo, que el régimen transitorio del IRPF presentado por el Gobierno supone, además, "una amnistía parcial para los defraudadores". Finalmente, propuso que se aplicara "alguna fórmula de discriminación positiva para las rentas del trabajo", ya que, en opinión de su grupo, el nuevo impuesto "acrecentará las desigualdades sociales".

Por último, el grupo Minoría Catalana insistió en las mismas críticas vertidas por toda la oposición y fue el único que presentó un texto alternativo a la propuesta gubernamental, que también fue rechazado en votación. Miguel Roca propuso a la Cámara la adopción del sistema sppliting "porque es el que mejor se adapta a lo señalado por el Tribunal Constitucional". En la alternativa de Minoría Catalana se juzga necesario un mejor trato para las ventas del trabajo que el propuesto por el Gobierno.