La junta de Cubiertas rechaza la incorporación al consejo de la sociedad de los representantes de Ferrovial
La junta de accionistas de Cubiertas y MZOV rechazó ayer en votación la entrada en el consejo de la sociedad de tres representantes de Ferrovial al considerar que se trata de una empresa competidora y que no debe tener acceso a los secretos y proyectos de la compañía. La junta, que se prolongó varias horas, resultó agitada y con acusaciones muy duras por parte de la mayoría, agrupada en torno al actual consejo, y de la minoría, los representantes de Ferrovial. El abogado Joan Piqué Vidal acusó a la familia Messa de vender a familiares suyos pisos en Barcelona propiedad de Cubiertas a precios inferiores a los del mercado.
El 25% de Ferrovial en Cubiertas y MZOV no le sirvió en la junta general de accionistas para inclinar hacia su postura casi ninguno de los votos del resto del accionariado. Pese a las protestas por el fondo y la forma de la asamblea, manifestadas por dos representantes de la primera firma, Fernando Labastida y Juan Vives, que se reservaron el derecho a impugnar la junta, los asistentes aprobaron las propuestas del actual consejo consistentes en rechazar la entrada de representantes de Ferrovial en el consejo de la sociedad y admitir una modificación de estatutos que impida el nombramiento de nuevos consejeros que no tengan una antigüedad mínima de tres años como accionistas, además de ratificar la gestión de la dirección y autorizarla para ampliar el capital.La oposición afirmó contar con la representación de un total de 1.152.710 acciones, equivalente al 25,55% del capital. En el momento de las votaciones, el consejo obtuvo un total de 222.968 votos frente a los 115.289 del grupo minoritario.
El consejo aseguró que la intención de Ferrovial al entrar en Cubiertas era obstruccionista, y relató los múltiples requerimientos notariales y denuncias efectuados por la oposición. Finalmente, comunicó la petición de la oposición de disponer de tres puestos en el consejo y pidió que esta propuesta fuera sometida a votación, además de dejar sentada su postura contraria a admitir representantes de una empresa que "debe competir con nosotros en concursos y licitaciones", en palabras de Eduardo Serra, vicepresidente de Cubiertas.
Vives y Labastida, abogados de Ferrovial, se negaron, en principio, a admitir una votación de estas características sobre la base de que la propiedad de las acciones compradas en Bolsa les concedía legalmente el derecho a estar presentes en el consejo de la sociedad y que ese derecho no podía ser conculcado. Vives propuso también que se votara una moción de responsabilidad hacia el actual consejo que, de ser aprobada, hubiera implicado el cese del actual equipo directivo. Esta votación no llegó a efectuarse al aceptar la minoría la extensión de los resultados de la primera, dedicada específicamente a aprobar o rechazar la inclusión de los tres nuevos consejeros, al resto de los asuntos pendientes de aprobación.
Con las armas en la mano
Labastida precisó, sin embargo, que Ferrovial no proponía nuevos consejeros, sino que, en función de su participación en la sociedad, los designaba, haciendo reserva expresa de acudir a los tribunales para obtener la confirmación de estos derechos. Estos tres consejeros, explicó Labastida, no son miembros de Ferrovial, sino tres "personalidades independientes". Los tres representantes propuestos por Ferrovial son Fernando Benzo, ex subsecretario de Industria; Juan Ignacio Trillo, presidente de General Electric de España, y Ramon Fernández-Rubies, director general del Banco Exterior.Eduardo Serra calificó la adquisición de acciones de Cubiertas por Ferrovial de "actuación hostil" y explicó que Cubiertas había tenido que reaccionar para defenderse de una "intrusión" que amenazaba con entregar los secretos de la compañía a la competencia y con paralizarla a base de solicitarle informaciones que no respondían a "la preocupación de un accionista diligente, sino a la de un competidor".
Serra aseguró a los representantes de Ferrovial que Cubiertas se defendería con todas las armas en la mano de la agresión" sufrida.
Durante el turno de intervenciones, el abogado Joan Piqué Vidal acusó a la familia Messa Buxareu, accionista y con varios miembros en el consejo, de haber vendido a sus familiares unos pisos de Barcelona propiedad de Cubiertas por el precio de 2,5 millones de pesetas. Piqué afirmó que estos pisos fueron revendidos por 16 millones. Eduardo Serra consideró grave la acusación y recomendó a Piqué que presentara una denuncia en el juzgado, a lo que el abogado respondió que ya lo había hecho. La familia rechazó las acusaciones.
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