Abandonados a la 'suerte' nuclear

El Ayuntamiento de Frías, que cuenta con 400 vecinos, adoptó esta decisión a raíz de la última reunión, celebrada el pasado día 22, entre los alcaldes españoles con centrales nucleares y la directora general de Protección Civil, Pilar Brabo, a la que la mayoría de los asistentes concedió una moratoria hasta septiembre para que una comisión estudie el tema de las compensaciones económicas.

El malestar de los alcaldes de los cinco ayuntamientos burgaleses situados en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central de Garoña ha ido aumentando en los últimos meses conforme han tenido conocimientos de sus carencias respecto a otras poblaciones nucleares como Ascó, Trillo o de Valdellós. "No sé si por estar aquí, en Castilla y León y en la provincia de Burgos, estamos olvidados y nuestra zona está totalmente discriminada respecto a otras con centrales nucleares. En Ascó o Trillo, por ejemplo, los terrenos que ocupa la central están calificados como zona urbana industrial, lo que hace que la contribución que pagan a los ayuntamientos sea mucho más alta que aquí, donde lo han declarado como terreno no urbanizable y pagan como si fuese terreno rústico", señala el alcalde del Valle de Tobalina, Bonifacio Gómez.

18 años de funcionamiento

La central de Garoña es la segunda que se instaló en España y viene funcionando desde 1971. Situada en el valle de Tobalina, aguas arriba del Ebro, la central está a pocos kilómetros de La Rioja y el País Vasco, cuyos colectivos ecologistas, junto al de Burgos, llevan años pidiendo su desmantelamiento y denunciando deficiencias, desmentidas por los responsables de la central. Aunque en los últimos años los habitantes del valle han adquirido una mayor sensibilidad sobre los peligros potenciales que puede tener esta vecindad, la mayoría se ha acostumbrado a su presencia, que considera inevitable, y lo que pide es que se garantice su seguridad y se les compense por los perjuicios que acarrea.