El compromiso posible

AL ACABAR cada cumbre europea, aunque haya cosechado éxitos, queda siempre alguna insatisfacción. Siempre parece que falta algo, un paso que se iba a dar, un acuerdo rotundo, un ritmo nuevo que se iba a imprimir. Es cierto. Pero es así, paso a paso, bastante humildemente, como se va construyendo Europa. Como en otras ocasiones anteriores, durante horas pareció en Madrid que el triunfo o el fracaso del Consejo Europeo pendían de un hilo, de una especie de pulso en el que estaría en juego nada menos que el proceso de unidad europea. Nada más lejos de la realidad. Los 12 líderes políticos que asisten al Consejo comparten, en mayor o menor medida, una visión de Europa. Y sean cuales sean las razones que les mueven, saben que, a estas alturas, es prácticamente imposible apearse del carromato. De forma que el compromiso suele ser posible, sobre todo si se ha producido una maduración previa de los asuntos conflictivos y si la presidencia semestral se ha batido el cobre para lograr un acercamiento de posturas. Y eso es lo que ha ocurrido estos dos días en Madrid.Los dos temas principales de la reunión -unión monetaria y Carta Social- eran de muy difícil acuerdo y se sabía de antemano que en ningún caso se les podría dar curso completo: incluso se Regó a vaticinar que la cumbre sería de trámite. En la cuestión de la unión monetaria, tratada globalmente por el llamado informe Delors, se topaba con la oposición frontal de la primera ministra británica. Delors había propuesto la adopción del sistema en tres fases consecutivas y necesariamente ligadas, de tal modo que la aceptación de la

primera desencadenaba la puesta en práctica de las dos restantes. La negativa de Margaret Thatcher a adoptar tantos compromisos de una sola vez ha exigido de los participantes un ejercicio de transacción y moderación que ha permitido a la cumbre saldarse con un éxito relativo, pero evidente.

Como lo preveía el informe Delors, se ha acordado que la primera fase -la aproximación de las políticas monetarias y la recomendación de que todas las monedas comunitarias se integren en el Sistema Monetario Europeo- comience en julio de 1990. En una pirueta que es clásica de la política de la CE, no se exige al Reino Unido que, iniciada la primera fase, integre a la libra esterlina en el SME hasta tanto Londres no decida que tal acción le es conveniente. Y Margaret Thatcher ya anunció antes de la reunión de Madrid que no haría tal cosa hasta que no se reuniesen determinadas condiciones, en especial un descenso en la tasa de inflación, que en el Reino Unido es el doble de la media europea.

Las otras dos fases -a lo largo de las cuales se prevé la creación de un sistema federado de bancos centrales, el establecimiento de paridades fijas y la adopción de una moneda común- no se adoptarán automáticamente, sino sólo después de una conferencia intergubernamental. Thatcher se ha comprometido a asistir a esta conferencia una vez que hayan concluido satisfactoriamente sus trabajos preparatorios. Lo importante es que está dispuesta a asistir incluso si, no queriendo hacerlo, se lo exige la mayoría de sus socios. Éste es el verdadero salto cualitativo que se ha dado en el Consejo de Madrid.

La conferencia, se celebre cuando se celebre, debe reformar una vez más al Tratado de Roma para que se acomoden a él las nuevas realidades económicas de la CE. Pero, puestos a modificar la carta magna de la Comunidad, debería aprovecharse la oportunidad para acometer la reforma, siempre pendiente, de las instituciones comunitarias para acomodar sus funciones efectivas a la naturaleza democrática y representativa de su origen, en especial en lo que se refiere a los poderes del Parlamento y del Consejo de Ministros.

Una de las mayores reservas que se hacen -y no sólo desde Londres- a las transferencias de soberanía desde los Estados hacia la Comunidad es que esas facultades transferidas no son ejercidas en ocasiones por organismos con el mismo nivel de representación que tienen los que las ostentaban en los países de origen, por lo que la construcción europea está aquejada de un déficit democrático. El informe Delors preveía, a este respecto, que la reforma del tratado se realizara para hacer posible la transferencia de soberanía al llamado Sistema Europeo de Bancos Centrales, que actuaría como banco emisor de la Comunidad. Lo que no se ha definido aún es quién controlará a este banco emisor, de tal forma que tal transferencia de soberanía aparece como un cheque en blanco a un organismo técnico que no contaría con la legimitidad que procura el sufragio universal. La democratización de las instancias comunitarias sigue siendo una de las grandes tareas por acometer. Hasta entonces, las suspicacias hacia la macroburocracia de Bruselas tendrán fundamento, no sólo en las ideologías nacionalistas, sino en la necesidad del control democrático a todos los niveles.

Por lo que se refiere al otro escollo, la Carta Social Europea, no se ha registrado ningún progreso apreciable y su estudio ha sido remitido a una próxima cumbre comunitaria, en el mes de diciembre. Casi nadie esperaba otra cosa, pero al menos la primera ministra británica, su principal oponente, se ha limitado a afirmar en esta ocasión que "no es el momento adecuado". El problema de la carta es de naturaleza diferente. No se trata de innovar, sino, simplemente, de recoger y sistematizar lo que ya se hace en los países más avanzados de la CE. La oposición británica a este documento es de naturaleza ideológica. La señora Thatcher ha llevado a cabo en su país la llamada revolución conservadora, eliminando algunos aspectos del Estado del bienestar. En realidad, la práctica inglesa de las relaciones industriales cabe perfectamente dentro de la carta, pero aprobarla significaría para la primera ministra británica admitir una victoria póstuma del enemigo intervencionista, al que con tanto ardor combate. Toca ahora a la presidencia francesa retomar la cuestión donde quedó en Madrid y darle un pequeño empujón. Así funciona Europa.

China y la OLP

Mientras que los problemas de la unidad monetaria han dado lugar a una compleja negociación hasta llegar al compromiso, en cambio la cumbre ha definido con relativa facilidad posiciones comunes sobre cuestiones de política internacional de primera magnitud. No siempre ha ocurrido así.

La resolución aprobada en Madrid sobre la cuestión palestina es mucho más precisa y comprometida que las aprobadas en otras reuniones. Hay en ella dos novedades de suma importancia. En primer lugar, al reiterar la necesidad de una conferencia internacional patrocinada por la ONU, la CE declara que la OLP deberá participar en ella en representación del pueblo palestino. La nitidez de esta afirmación, mucho más rotunda que las realizadas sobre ese punto por EE UU, indica una evolución de los Gobiernos europeos más reticentes ante la OLP hacia la actitud defendida por Francia, España e Italia. Al mismo tiempo, los doce no descalifican la propuesta de Shamir sobre la celebración de elecciones en los territorios ocupados y abren una vía para que no se eternice el enfrentamiento verbal, propagandístico, entre partidarios de la conferencia y partidarios de las elecciones. Pero la CE define que las condiciones para esos comicios puedan cumplir un papel positivo, en especial que se inscriban en un proceso amplio de paz, del que la conferencia internacional será una etapa esencial.

En lo que se refiere a la represión desencadenada en China, la resolución adoptada no se ciñe a una condena moral. Los 12 Gobiernos se comprometen a aplicar una serie de sanciones concretas que, aun con un ámbito limitado, harán sentir a las autoridades de Pekín la determinación de la CE de acudir en defensa de los derechos humanos más elementales allá donde sean pisoteados. Una "política exterior coordinada", tal como se postula en el Acta única, era quizá uno de los desafíos más arriegados en la construcción de Europa. Los pasos dados en la cumbre de Madrid en ese terreno son un motivo de esperanza.