Policías o espías

CUANDO SE trata de investigar judicialmente asuntos catalogados bajo la rúbrica de la seguridad o el interés del Estado -véase su actuación en el caso Amedo o la más reciente de no formular acusación alguna en el sumario por el espionaje policial a partidos políticos y de solicitar que se archive-, el ministerio fiscal parece moverse más en la órbita del Gobierno que como "institución integrada con autonomía funcional en el poder judicial", según especifica su estatuto orgánico. Si fuera realmente así, su misión constitucional de promover la acción de la justicia quedaría mutilada con grave daño para la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y la satisfacción del interés social ante los tribunales de justicia. Tal actuación constituiría además un inestimable apoyo para quienes desde posiciones oficiales pugnan por la legitimación de un enclave institucional inmune a la ley y al derecho, alegando inexcusables exigencias de defensa del propio sistema democrático.El desarrollo del proceso por el espionaje policial a varios partidos ha estado sometido a las más diversas incidencias procesales. Abierto a principios de 1985, archivado pocos meses después tras la polémica decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de eximir de responsabilidad al anterior ministro del Interior, José Barrionuevo, fue reabierto nuevamente a instancias de los partidos espiados (AP, PCE y PDP). El juez encargado de la instrucción elevó en octubre de 1988 el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid con la petición de procesamiento de Martínez Torres, comisario general de Información; de Elías Hernández, comisario jefe de la desaparecida Brigada del Interior, y de sus subordinados y superiores jerárquicos por estimar la posible comisión de los delitos de violación de secretos, atentado al derecho de asociación, malversación de fondos públicos e infidelidad en la custodia de documentos.

La decisión del ministerio fiscal de no formular acusación en este proceso no sólo arroja dudas sobre las motivaciones de fondo que determinan su posición en este tipo de asuntos. Deja entrever también una concepción inadmisible de lo que es el interés público, reduciéndolo de manera harto simplificadora al llamado interés de Estado, y más en concreto a lo que se concibe como su seguridad, con detrimento e incluso conculcación de otros aspectos sociales e individuales cuyo respeto es esencial para el funcionamiento correcto del Estado democrático de derecho.

En el actual momento procesal una actuación lógica del ministerio fiscal, y desde luego más acorde a su función, habría sido no oponerse a que los tribunales diluciden en el juicio oral los cargos que se imputan a los funcionarios del Ministerio del Interior y no exculpar de antemano su conducta. Sobre todo cuando se trata de saber si desde el propio servicio policial del Estado se han conculcado los derechos a la libre actividad de órgano s de tanta relevancia institucional como son los partidos políticos. Y al hilo de ello, de clarificar en lo posible cuestiones como las siguientes. ¿Es admisible en un Estado democrático la existencia de un servicio policial que someta a vigilancia indiscriminada a cuantos ciudadanos y organizaciones legales le venga en gana, infiltrando en su interior a colaboradores retribuidos con fondos públicos? ¿Deben quedar impunes actuaciones ilegales o delictivas producidas bajo la apelación a la "seguridad del Estado", e indefensas las personas físicas y jurídicas que hayan podido ser atropelladas con ocasión de las mismas? ¿Justifica el secreto de Estado que la ley y la acción de la justicia queden paralizadas cuando hay indicios de que a su abrigo se han realizado acciones delictivas? Y desde luego se trataría de saber si el Estado democrático necesita unos servicios de seguridad modelados más como una policía política que como una policía profesionalizada en su organización, científica en sus métodos y siempre respetuosa con los ciudadanos.