La comisión pro segregación de La Moraleja y EI Soto prepara un 'pIebiscito' para el 5 de julio
La comisión gestora pro segregación de El Soto y La Moraleja, urbanizaciones que dependen del Ayuntamiento de Alcobendas, ha preparado para el próximo 5 de julio la recogida de firmas ante notario necesaria para conseguir la independencia. Con esta especie de plebiscito, la comisión pretende conseguir el apoyo de la mitad más uno de los residentes para gestionar el expediente de segregación. Los números ya están hechos. El proceso costará 105 millones y durará de uno a tres años. Los vecinos se interesaron por este y otros aspectos de la independencia en un debate celebrado el lunes.
"¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la segregación?, ¿cuánto cuesta la independencia?, ¿qué trámites hay que seguir?, el futuro Ayuntamiento ¿costará más o menos?". Los habitantes de El Soto y La Moraleja fueron convocados a un debate por su asociación de vecinos con una carta en la que se anteaban estas y otras preguntas. La gestora pro segregación y los partidos políticos estaban invitados a contestarlas. La cita era en el club de tenis.Previamente, la asociación vecinal celebró su reunión ordinaria. El presidente, Jorge Mijangos, daba cuenta de los problemas: hay una plaga de leishmaniosis, pero el Ayuntamiento dice que no hay dinero para fumigar. Las escombreras están repletas y hay ratas. El Plan General no reservó suelo para servicios públicos: no hay sitio para un ambulatorie. Después de tres años no han terminado la numeración de las calles. El proyecto del MOPU para la carretera de salida de las urbanizaciones destruye buena parte de un pinar. Al final quedaban dudas. "¿Se sabe yaqué código postal tenemos?".
Entre El Soto y La Moraleja residen cerca de 15.000 personas -el 14% de la población total de Alcobendas-, repartidas en 4.468 viviendas, muchas de ellas unifamiliares. Una cuarta parte tiene un valor catastral superior a los 10 millones de pesetas.
"¿Que digan quién es el que quiere especular con la segregación?", espetó un vecino, recordando que el alcalde, José Caballero, ha dicho que la segregación podía esconder una maniobra para especular con los terrenos de las urbanizaciones. "Lo único que decimos es que hay un suelo que puede ser objeto de posibles especulaciones", contestó el concejal de Urbanismo, Antonio Perez.
El concejal del CDS, Miguel Teixidor, en su única intervención, apoyó esta tesis. El portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Alcobendas, Alejandro Hernando, no acudió. La comisión pro segregación tiene interpuesta una acción judicial contra él. "Mientras el PSOE ha hablado de posibles especu laciones en declaraciones a los medios, el portavoz del CDS lo hizo en una carta a los vecinos. Por eso a él le hemos denunciado por jactancia", explicó José Manuel Muñoz, miembro de la comisión gestora.
La acritud envolvió las relaciones entre los representantes del PSOE y la comisión pro segregación. El portavoz socialista, Manuel Aragüetes, recordó que el presidente de la comisión pro segregación, Gabriel del Valle, es consejero de la empresa Encinar de los Reyes, propietaria de los terrenos de esta urbanización que, junto a El Soto y La Moraleja, formarían el nuevo municipio. "La empresa ya ha solicitado al Ayuntamiento poder cuadruplicar el número de chalés de Encinar para cuando sus actuales inquilinos, personal de las Fuerzas Armadas de EE UU, los abandonden en 1991", dijo.
105 millones en trámites
Gabriel del Valle, que se mostró airado e indignado en varias ocasiones, afirmó, a preguntas de los vecinos, que cumplen todos los requisitos que pide la ley. "Somos un núcleo perfectamente diferenciado, tenemos medios para mantener los servicios -de hecho, los estamos manteniendo ya- y no ponemos en peligro el nivel de servicios actuales del municipio del que nos separamos".Según Del Valle, todo el proceso de segregación costará 105 millones de pesetas. Para recaudarlos la comisión ha previsto cuotas voluntarias que, dependiendo del tamaño de la propiedad, van desde las 5.000 pesetas a las 100.000. La tramitación puede durar entre uno y tres años. "Si la Comunidad de Madrid no aprueba la segregación tendremos que recurrir a la Audiencia Nacional", dijo.
Del Valle remitió a los vecinos al próximo día 5 de julio, cuando la comisión celebre su plebiscito particular. Dos notarios darán fe de las firmas que se adhieran al proceso. Necesitan el apoyo de la mitad más uno de los vecinos y afirman contar ya con el respaldo del 85% de la población de La Moraleja y el 65% de la de El Soto. "Pueden firmar todos los residentes, hasta los sirvientes que vivan en El Soto o La Moraleja", comentó.
