La dirección de Renfe quiere reducir la plantilla este año en 2.500 trabajadores

La dirección de Renfe tiene previsto reducir la plantilla de la empresa en 2.500 trabajadores a lo largo de este año y así lo manifiesta en el informe presentado ante la Junta Superior de Precios para pedir el aumento de tarifas, en el que también se dice que se van a reducir los gastos de personal un 4,43% en 1989. El ajuste de plantilla es una de las dicrepancias que han mantenido la empresa y el comité a lo largo de la negociación del convenio, y en el caso de que este no se desbloquee, los sindicatos tienen previsto proseguir las huelgas en los meses de julio y agosto.

El comité aún no ha concretado las fechas para las nuevas huelgas, pero sí está dispuesto a proseguirlas en julio y agosto si no se logra antes un acuerdo. El portavoz del comité y miembro de CC OO, Mariano Santiso, asegura que se trata del "conflicto más duro en la historia de Renfe", que se ha trasladado ahora a los tribunales. Una de las acciones iniciadas es la petición ante la Audiencia Nacional para que suprima cautelarmente los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes para los paros parciales de una hora iniciados el día 19 y que continuarán hasta el 29 de junio.El comité acusa a la dirección de Renfe de coartar el derecho de huelga, por ello consideran muy importante que la Audiencia Provincial de Madrid haya admitido a trámite dos querellas de CC OO y UGT, la primera contra la dirección de la compañía, y la de UGT contra el antes, director de personal y ahora director general, Damián Navascués, por las circulares que hicieron públicas en las huelgas provinciales de junio del año pasado. En ellas se decía a los trabajadores que los paros eran "ilícitos, abusivos e ilegales".

La Constitución

Los argumentos de los abogados José Jiménez de Parga (defensor de CC OO) y Manuel de la Rocha (de UGT) se apoyan en la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual sólo puede declarar la ilegalidad de una huelga un tribunal, no la empresa, ni la Administración. Asimismo consideran que se han vulnerado el artículo 28 de la Constitución y el artículo 177 bis del Código Penal, en el que se dice que los que impidieran el ejercicio del derecho de huelga serán castigados con arresto mayor o multa.

Jiménez de Parga asegura que en la huelga actual la actitud de Renfe "sigue siendo tan delictiva" y afirma que Julián García Valverde y Darnián Navascués "se están burlando de la Constitución, no se la han leído". Su argumento es que para pedir la intervención del fiscal general del Estado tiene que haber delito. Por ello espera que los tribunales "entren a fondo, se mojen y condenen a quien atente contra el derecho de huelga".

En el transcurso de las huelgas, la empresa ha sancionado con 45 días de suspensión de empleo y sueldo, con apercibimiento de despido, a 80 cuadros sindicales.

Los representantes de los trabajadores de Renfe han intentado durante la negociación colectiva que la dirección se comprometiera expresamente en el texto del convenio a garantizar el mantenimiento de la plantilla y a clarificar si se piensa privatizar el ferrocarril. La inquietud del comité se basa en que la plantilla se ha ido reduciendo paulatinamente y frente a los 75.000 trabajadores que había en 1983, ahora son 50.300. La información de que disponen es que se quiere prejubilar a los mayores de 50 años e impulsar las invalideces.

Ello, junto a la incertidumbre sobre el futuro del ferrocarril, ha provocado el bloqueo de las negociaciones, ya que el aumento salarial no ofrecía especiales problemas al existir una oferta extraoficial, consistente en un incremento del 6,5%, que puede ser aceptada por el comité.