Múgica: "El 'caso Amedo', ejemplo de colaboración"

A punto de cumplir un año desde su nombramiento como ministro de Justicia, Enrique Múgica, guipuzcoano de 57 años, casado y padre de tres hijos, recuenta las realizaciones logradas, entre ellas la reforma procesal que lleva su nombre y la modernización del Código Penal. Para Múgica, el caso Amedo es "un ejemplo de colaboración entre poderes" y reconoce que no tiene diferencias con su colega de Interior. Reafirma la política de dispersión de presos de ETA y considera buena la reinserción, entre otras cosas porque "coinciden contra ella la derecha y las gestoras pro amnistía".

Desde su talante negociador, que ha producido buenos resultados en la pacificación de las relaciones con los jueces, Múgica no teme los conflictos con los funcionarios judiciales, "que tienen unas retribuciones muy superiores a las del promedio de la función pública", y declara que su reencuentro personal con los temas jurídicos le ha resultado "apasionante, absolutamente apasionante".Pregunta. Hace unos días se celebraron unas jornadas sobre colaboración institucional entre responsables de Interior, Justicia y Poder Judicial. ¿Cree usted que la denegación de datos sobre los fondos reservados de Interior en el caso Amedo es un ejemplo de colaboración entre poderes?

Respuesta. Sí, yo diría que es un ejemplo de colaboración.

P. ¿De colaboración o de no colaboración?

R. De colaboración. Pero existen otros casos, menos criticados, analizados y examinados. Hay múltiples ejemplos que no han tenido esa visualización, pero que permiten pensar que esa colaboración se da cada vez más ampliamente.

P. ¿Cómo se explica que un tribunal que investiga unos delitos muy graves, cuando le niegan las respuestas que pide, decida: "No me contesta, pues no le pregunto"?

R. Desde que soy ministro de Justicia no opino sobre ningún pronunciamiento judicial, sea favorable o crítico para la acción de gobierno. Sería valorado como una interferencia.

Derechos humanos

P. ¿Por qué tanto en la política antiterrorista como en la lucha contra la droga, la inseguridad ciudadana o la presencia de extranjeros priman los criterios de Interior sobre los de Justicia, con riesgo de los derechos reconocidos en la Constitución?

R. En todas esas materias es fundamental el Ministerio del Interior, cuyos criterios van vinculados en un Gobierno de izquierdas con el respeto a los derechos humanos, que se defienden a través de la seguridad. No tengo ninguna diferencia con el ministro del Interior.

P. Pero a veces se expulsa a un extranjero sin intervención judicial, se le notifica la expulsión gubernativa en el avión y se le dice que puede recurrir cuando llegue al país de destino, en el consulado. ¿Dónde están aquí las garantías? ¿No prima la seguridad sobre la libertad?

R. Yo creo que no prima la seguridad, que estamos tratando de compatibilizar ambos valores, que durante tanto tiempo han estado enfrentados, y en esa línea colaboramos.

P. Un magistrado del Tribunal Constitucional se ha sumado recientemente a quienes abogan porque las competencias judiciales sobre terrorismo se atribuyan a los jueces del lugar de los hechos. ¿Su conocimiento de Euskadi le empuja en esa dirección?

R. En absoluto. Además, usted sabe que, cuando se hizo la modificación de la legislación antiterrorista, el mantenimiento de la Audiencia Nacional para juzgar los delitos de terrorismo fue objeto de un enorme consenso por todas las fuerzas políticas.

P. ¿No cree bueno implicar a los jueces vascos en esa lucha, como ellos mismos piden?

R. Es cierto que ellos lo quieren, y no nos cerramos a esa posibilidad, pero por el momento creo conveniente que la Audiencia Nacional siga con las competencias sobre terrorismo.

P. ¿No cree usted que tratar de forzar casos Yoyes a través de su política de dispersión de presos de ETA puede ser contraproducente?

R. No se trata de forzar nada. Queremos crear unas condiciones en las que el interno se manifieste con libertad.

Reformas penales

P. Acaba de realizarse una reforma parcial del Código Penal, pero queda una serie de cuestiones pendientes. Por ejemplo, los magistrados de la colza invocan la aplicación de la ley para imponer unas condenas tan poco ejemplarizadoras.

R. Las penas para esos delitos ya fueron agravadas, pero la reforma entró en vigor con posterioridad al caso de la colza, por lo que no han podido aplicarse. En todo caso, la Fiscalía General del Estado ha recurrido la sentencia, por entender que con las mismas normas se podía haber Regado a unas penas más graves.

P. En la reforma se ha mantenido la protección penal a los ex ministros, de actualidad tras la agresión de José María Ruiz Mateos a Miguel Boyer. Subsiste la pena de 20 a 30 años.

R. El Parlamento lo ha mantenido por considerar que es idóneo, y yo como Gobierno lo acato.

P. También está de actualidad el soborno a los políticos. ¿Va a crearse un delito específico para este tipo de corrupción?

R. Creo que no es necesario porque basta con ampliar el concepto de funcionario a todos los que ejercen funciones públicas.

P. Entre las reformas pendientes hay una urgente, la ley del menor, porque se están aplicando normas de 1948. ¿Cuándo habrá ley?

R. Es un tema que me preocupa y en el que estamos trabajando Ya hemos hecho algo de protección al menor en la reforma del Código Penal. No puedo darle una fecha para la ley, pero ahora que hemos cerrado una etapa de grandes leyes, podré dedicarme a este asunto.