La dirección de Renfe pide al fiscal general del Estado que declare ilegales las huelgas que empiezan el lunes

Renfe ha solicitado la intervención del fiscal general del Estado para que declare ilegales los paros de una hora convocados desde el lunes hasta el 29 de junio, a la vez que considere que violan el derecho a la libre circulación de bienes y personas. Por otro lado, UGT ha declarado que existen "fundadas sospechas" de que la compañía ha contratado a altos directivos con una cláusula de blindaje por la que se compromete a abonarles 60 millones en caso de cese.

El presidente de Renfe, Julián García Valverde, ha elevado un escrito al fiscal general del Estado porque considera "desproporcionados" los efectos de los paros de una hora por turno que el comité intercentros ha convocado entre los días 19 y 29 de junio. Según la compañía, esta fórmula de paros provocará un caos ferroviario.Renfe considera que estos paros no garantizan ni la libre circulación de personas ni la de bienes por el territorio nacional. También entiende que impide el ejercicio del derecho al trabajo, "tanto de quienes no quieren secundar la huelga, como de los usuarios" que no podrán acudir a sus puestos por el carácter cautivo del tráfico de viajeros de cercanías".

El comité intercentros ha anunciado que se parará el servicio durante una hora en cada uno de los tres turnos, durante diez días consecutivos, de la siguiente forma: de 3 a 4, de 7 a 8 y de 19 a 20 horas. El comité ha anunciado, además, huelgas de 24 horas para los próximos 30 de junio y 1 y 3 de julio.

La compañía ha perdido 4.000 millones de pesetas desde marzo por las huelgas, según sus propios cálculos. Por otro lado, el secretario general de la federación de transportes de UGT, Victoriano Sánchez, asistió ayer al consejo de administración de la compañía como miembro en representación de los trabajadores. En este foro, solicitó mayor información sobre las cláusulas de blindaje que figuran en los contratos de ciertos directivos, y que podrían alcanzar la cifra de 60 millones de pesetas. Ante estas declaraciones, la compañía ha puntualizado que no existen ese tipo de contratos y que "sólo algunos técnicos muy cualificados tienen cláusula de despido".

Según Victoriano Sánchez, los empleados que cierran sus contratos fuera de convenio, y sin pasar antes por una prueba selectiva, se han duplicado desde 1986, alcanzando la cifra de 2.300 personas. En este mismo período de tiempo sus salarios podrían haber aumentado más del 100%, aunque no se conoce en realidad qué parte de la masa salarial se detrae para sus emolumentos.

El sindicalista ha señalado también que la empresa ha cambiado las denominaciones de las categorías laborales para sacarlas fuera de la reglamentación y, con ello, facilitar el ascenso de personas de su confianza al margen del convenio.

La negociación colectiva de Renfe sigue bloqueada y por ello los secretarios generales del transporte de UGT y CC OO han solicitado al responsable de Transportes, José Barrionuevo, una reunión para abordar los problemas que afectan a Renfe. La petición, que aún no ha recibido respuesta, persigue la mediación del ministro en el convenio y lograr información sobre el futuro del ferrocarril en España.