39 familias acusan al Patrimonio de pretender su desahucio

Los vecinos de la finca número de 2 de la calle de La Florida de Aranjuez, un inmueble propiedad del Patrimonio del Estado, han denunciado que un representante del este organismo del Ministerio de Hacienda les ha amenazado con desahuciarlos de los 39 pisos que ocupan desde 1986.El subdirector del Patrimonio del Estado, Vicente Santamaría, niega que se haya amenazado a los inquilinos, aunque precisa que llevan casi dos años sin pagar las mensualidades del alquiler. Santamaría señala que ese organismo quiere desprenderse de las viviendas ya que "no sigue una política de alquileres".

El pasado 26 de mayo los inquilinos fueron citados telefónicamente para asistir a una reunión con un representante del Patrimonio del Estado, a la que acudieron acompañados del concejal de Izquierda Unida, Juan Figueroa. Los inquilinos afectados aseguran que uno de los asistentes les intimidó al exigirles que "pagasen el alquiler o se tomarían medidas administrativas y legales contra ellos". Los vecinos pretenden discutir la compra de las viviendas que ocupan.

El subdirector del Patrimonio señala que en julio de 1987 se alquilaron las viviendas "por un año", y que desde entonces los vecinos se niegan a pagar. En los contratos, puntualiza, no consta que los arrendatarios sean trabajadores del Patrimonio. Agrega, además, que el Ayuntamiento de Aranjuez adeuda cuatro millones de pesetas por los pisos que tiene alquilados en ese inmueble.

El Patrimonio Nacional comenzó a edificar 54 viviendas en Aranjuez a principios de la década de los setenta, aunque en 1973 se paralizaron las obras al quebrar la empresa constructora. Una vez terminadas las obras, en 1987, el Patrimonio Nacional las adjudica en arrendamiento a sus trabajadores, quienes sólo llegaron a pagar una mesualidad del alquiler pactado. El 13 de julio de 1987 fueron cedidas al Patrimonio del Estado.

A partir de ese momento se entabló un conflicto de competencias, ya que los vecinos quieren seguir pagando al Patrimonio Nacional, que les remite a la Delegación de Hacienda. En esa oficina pública los inquilinos no encuentran sus recibos y dejan de pagar. En enero de 1988, el Patrimonio del Estado les informó de la cesión de propiedad efectuada por el Patrimonio Nacional, y les indicó que debían pagar el alquiler en Hacienda.

Posteriormente, el 28 de diciembre, los vecinos recibieron una carta de Saff, SA, empresa que administra las fincas del Patrimonio, en la que se les solicitaba que domiciliasen los recibos en un banco. Los vecinos se negaron a ello y han solicitado al alcalde, el socialista Eduardo García, que gestione con ellos la venta de sus viviendas.