El tenista Arrese declara al juez que no pagó para eludir el servicio militar
El tenista Jordi Arrese declaró ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que no había pagado dinero alguno para librarse de cumplir el servicio militar, según informó el propio deportista a la salida de la cita judicial. Arrese y otros 61 jóvenes más están presuntamente implicados en un fraude para eludir el servicio militar, descubierto en el verano de 1984. Jordi Arrese, al igual que la may ría de los restantes jóvenes, realizó posteriormente la mili.El tenista no quiso precisar a este diario por qué motivo se había librado en un principio del servicio militar y dijo desconocer si hubo actuaciones irregulares. Arrese añadió que él "no había hecho nada ¡legal" y afirmó que no conocía al resto de los sospechosos, salvo a su hermano, Víctor, que también está implicado en el asunto.
El tenista, ante la pregunta judicial de si no le causó extrañeza el recibimiento de la cartilla militar en la que constaba que se libraba de la mili, afirmó haber pensado que el médico militar era "un crack, porque yo", declaró Arrese, "estoy muy sano", según fuentes de la defensa.
El hermano del tenista, Víctor Arrese, fue el primero en ser citado ante el juzgado que instruye el caso. En su declaración el pasado 5 de mayo, reconoció que se libró de la mili gracias al "favor de un amigo" con el que esquiaba, Miguel Abraham, a cambio de informar a otros jóvenes en edad de prestar el servicio militar sobre el "favor" que le había hecho. El tenista dijo ayer desconocer al tal Abraham, presunto contacto entre los jóvenes mozos y los medios castrenses.
Presunto cohecho
Una vez que todos los implicados hayan declarado ante el juez, éste pasará las diligencias ante el fiscal, quien decidirá si los acusa de algún delito. La fiscalía tiene la sospecha de que los jóvenes pagaron entre 200.000 pesetas y un millón y medio a personas relacionadas con la vida castrense -sobre todo médicos y mandos militares-, con el objetivo de lograr su exclusión de la mil¡. El caso afecta a numerosos jóvenes de la alta sociedad barcelonesa, como Pau Molins, hermano del conseller de Obras Públicas de la Generalitat; Manuel Garí Eguilor, de una familia de financieros; o Xavier Camp, hijo del fabricante de detergentes.Cuando se descubrió el caso, en verano de 1984, la Justicia Militar se hizo cargo de las investigaciones. El juez estimó que sólo habían delinquido los militares que habían aceptado los sobornos para librar los certificados falsos y los civiles que tuvieron un papel más o menos activo en el presunto fraude. El juez procesó entonces a 25 personas, entre ellas un coronel de Infantería retirado, un teniente médico, un brigada y un doctor del Hospital Militar. Tras la reforma del código penal castrense, el sumario pasó a la justicia civil. El código penal civil, a diferencia del militar, establece que cometen delito de cohecho no sólo quienes aceptan el dinero, sino también quienes lo entregan.
